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martes 25 de junio, 2019

Farmacéuticos de la región oeste participarán de un abrazo simbólico a la Corte Suprema contra el desembarco de Farmacity

El fin de semana hubo una solicitada de la cadena internacional publicada en diferentes medios para presionar para que les permitan operar en territorio bonaerense, algo impedido por la ley vigente.

Elena Pott
La flamante presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la región oeste rechaza el desembarco de Farmacity

Los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite las operaciones de la cadena Farmacity, que todavía no logró desembarcar en territorio bonaerense gracias a que la ley vigente establece que haya una farmacia cada 300 metros y prohíbe que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia convocó a realizar un abrazo simbólico al edificio de la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves 12 de octubre en coincidencia con el día del farmacéutico, oportunidad en que reiterará su denuncia acerca de los vínculos entre Farmacity y algunos funcionarios de la alianza gobernante.

“Queremos que la gente entienda lo que está pasando y qué estamos defendiendo, que no es otra cosa que un modelo sanitario ejemplo a nivel mundial, a la farmacia de barrio, y una forma de trabajo en donde los pacientes no sólo tienen acceso a los medicamentos sino a toda la información que eso conlleva”, explicó a Primer Plano On Line Elena Pott, flamante presidenta del colegio de Farmacéuticos de la región oeste.

 

La demanda de Farmacity para que le permitieran operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana. Pero el conflicto de interés no solo afecta al número dos de la jefatura de Gabinete. También alcanza a uno de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien tuvo entre sus clientes a la empresa farmacéutica.

Por eso los farmacéuticos plantean el conflicto de intereses que tiene el máximo tribunal a la hora de decidir sobre el diferendo. “Nos preocupa que Mario Quintana, ex Ceo de Farmacity y accionista de Pegasus (la firma de capitales privados con inversiones en Argentina, Colombia y México que adquirió la cadena de farmacias) presione para modificar la ley que rige en la provincia. Ellos sólo buscan un modelo shoping y cambiar nuestro paradigma”, agregó Pott.

LA SOLICITADA DE FARMACITY

Solicitada de Farmacity

Los farmacéuticos sospechan la existencia de un creciente lobby para cumplir con los deseos de la empresa y destacan como primer indicio el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado tratar el caso, cuando podría haberlo rechazo in limine.

La cadena pretende instalarse sin restricciones en los núcleos urbanos más concentrados y en los lugares de más alta actividad comercial, como lo hizo con sus 233 sucursales en 14 provincias. En 2010, el Ministerio de Salud bonaerense no le permitió abrir una sucursal en Pilar, ya que la ley 16606/87, define la farmacia como un servicio de utilidad pública y no de carácter comercial y no autoriza su propiedad a sociedades anónimas con fines de lucro.

 

En mayo de 2012, Farmacity solicitó a la justicia la inconstitucionalidad de la ley pero la jueza en lo Contencioso Administrativo de La Plata María Ventura Martínez falló en contra de la empresa por considerar que “el medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud”. La Cámara de Apelaciones de La Plata y la Suprema Corte provincial confirmaron el rechazo, pero Farmacity recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde el 23 de agosto analiza el expediente.

“Hay mucha plata atrás de esto y por eso, si no visibilizamos el conflicto, doña María se va a quedar sin la farmacia de su barrio”, continuó la titular del colegio de farmacéuticos de la región oeste. El otro problema que enumera Pott es que la gobernadora Vidal no los recibe como entidad que nuclea a la actividad. “Tenemos miedo que pasadas las elecciones ya no existamos”, concluyó.