sábado 20 de enero, 2018

Sin el aval de la justicia, el gobierno y Flybondi insisten con el pronto inicio de las operaciones en el nuevo aeropuerto de El Palomar

Después de que la jueza federal de San Martín Martina Forns realizara la inspección ocular en la ex Base Aérea y a la espera de que se expida sobre la medida cautelar que podría llevar a la suspensión de las obras, las autoridades oficiales insisten en que el 10 de febrero comenzarán las operaciones comerciales, dejando abierto un posible conflicto de intereses.

Aeropuerto El Palomar
Así será la fachada del polémico proyecto del aeropuerto de El palomar impulsado por el gobierno nacional.

Que continúen las obras de la construcción y que el promocionado Aeropuerto cívico-militar se ponga definitivamente en marcha depende pura y exclusivamente de una decisión judicial. Es que a raíz de un recurso de amparo presentado el pasado 14 de noviembre por el abogado Lucas Marisi en representación de vecinos de Hurlingham, la jueza civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Isabel Forns, decidió llevar a cabo el pasado lunes una inspección ocular, lo que provocó la movilización de un grupo de vecinos de El Palomar, Hurlingham y Ciudad Jardín que se oponen rotundamente.

Sin embargo, los responsables del área de Transporte del gobierno nacional no dejan de anunciar que el 10 de febrero se producirá desde El Palomar el primer vuelo comercial de la aerolínea de bajo costo Flybondi, y que en las próximas horas comenzará la venta de pasajes online, como estaba previsto desde un comienzo. Así las cosas, la voz oficial no parece estar dispuesta a esperar la decisión judicial, y deja vislumbrar un conflicto de intereses si la jueza Forns decide poner freno a las obras y el gobierno insiste en que el mes próximo la empresa low cost comenzará a volar sí o sí.

Según los vecinos y su abogado Lucas Marisi “pudimos acreditar ante la jueza lo que veníamos denunciando e incluso cosas peores que no sabíamos, como que estas obras se están ejecutando en un sitio de la memoria que debía permanecer intacto, sobre todo porque resultan oficiar como pruebas para los juicios de lesa humanidad que están en proceso de ejecución”.

El abogado denunció además en varias ocasiones que “ni siquiera hay un cartel de obra que indique cuál es la empresa que la está llevando a cabo. Cuando la jueza preguntó quién se está estaba haciendo cargo de las obras, los funcionarios de la ANAC y del Ministerio de Transporte que allí estaban contestaron que era la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 aunque en su contrato de concesión, las obras en El Palomar no están incluidas y fue vergonzoso porque nadie supo explicar cómo estaba pasando esto”.

Base Aérea de El palomar: el abogado Lucas Marisi, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, e integrantes de organismos de derechos humanos, luego de la inspección que realizó la juevza Forns.
Base Aérea de El Palomar: el abogado Lucas Marisi, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, e integrantes de organismos de derechos humanos, luego de la inspección que realizó la jueza Forns.

En el día de la inspección ocular también se supo que la distancia entre la pista y el polvorín de municiones que dan cuenta de la actividad militar resultó ser de tan solo 50 metros, y no 500 como se creía. Por otra parte “no era un polvorín, eran dos”, relata para Primer Plano On Line el Dr. Marisi quien agregó que “a esa sorpresa se sumó que ninguno tenía la llave para abrir esos polvorines y nadie sabía qué tipo de munición había con lo cual, las irregularidades detectadas para cuando nos fuimos del lugar superaban ampliamente a la cantidad con las que llegamos”.

Entre ellas, los vecinos denuncian la forma en la que el gobierno le cedió las obras a la concesionaria y la destrucción de un sitio protegido por la Ley de la Memoria; que no hubo un estudio del espacio aéreo ni de impacto ambiental; que no hay ningún cartel de obra que identifique a la empresa que la está llevando a cabo y que hay tres colegios con un total de 4.000 alumnos en las inmediaciones del aeropuerto. En relación a esto último, vale señalar que las autoridades del colegio Emaús, uno de los posibles damnificados con la operatoria del aeropuerto, hizo llegar a Primer Plano On Line una copia de la carta que entregó el 12 de diciembre pasado al intendente de Morón Ramiro Tagliaferro y a los jefes de Gabinete de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para saber de qué modo afectará la operatoria del aeropuerto al normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Vale mencionar que las autoridades del colegio aún no tuvieron respuesta alguna.

Ahora resta esperar la decisión que debe tomar la magistrada Forns. Si hace lugar a la cautelar y suspende definitivamente las obras, no habría aeropuerto posible, más allá de lo que promueva por estos días el gobierno del presidente Macri.

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