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viernes 23 de agosto, 2019

Un fiscal federal de Morón fue designado al frente de la Unidad Amia para intentar avanzar en la investigación del atentado

Sebastián Basso fue designado para ocupar la estratégica fiscalía que supo ser conducida por el fallecido Alberto Nisman. Hubo críticas a su nombramiento por parte de una asociación de familiares de víctimas. 

Fiscal Sebastián Basso
El fiscal federal Sebastián Basso durante una de las entrevistas que brindó al programa periodísitico Primer Plano Recargado

El titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Morón, Sebastián Basso, fue designado por el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, como el nuevo responsable de la Unidad Fiscal que tiene a su cargo la investigación en torno al atentado contra la AMIA. De este modo, Basso se suma al trabajo que ya venían realizando en la dependencia sus pares Santiago Eyherabide y Roberto Salum en la estructura que supo ser conducida por el fallecido Alberto Nisman.

Según la resolución que firmó el procurador Eduardo Casal, el cambio en la Unidad AMIA se realiza con el “fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones de este Ministerio Público Fiscal”, “posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles” y “favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar”.

Además, el interventor de la Procuración General consideró que “resulta apropiado designar otro magistrado de este Ministerio a fin de garantizar un abordaje de la investigación acorde con la extensión, complejidad y diversidad de las distintas actuaciones en las que debe intervenir esta dependencia especializada”.

RECHAZO DE FAMILIARES

Según consignó el diario Página 12, algunos grupos de familiares de víctimas de la voladura de la AMIA rechazaron el nombramiento de Basso. Memoria Activa, por ejemplo, consideró que el caso exhibe una “impunidad sin límites”; vincularon al fiscal con el rol que tuvo su tía, la camarista Riva Aramayo, en el armado de la causa que involucró a policías bonaerenses en el atentado con el objetivo de desviar la línea de investigación de la “pista siria” que involucraba a Menem y sus funcionarios.

La camarista que falleció en 2002 fue la informante del ex juez Juan José Galeano del cambio de versión de Telleldín en relación con la venta de la Traffic y de su vinculación con los policías bonaerenses en el atentado. Lo que se descubrió varios años después fue que, para que esos cambios sucedieran, la SIDE le pagó al reducidor de autos unos 400 mil dólares.