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viernes 18 de octubre, 2019

La justicia ordenó a un intendente de Juntos por el Cambio no entregar planes sociales para evitar “condicionamientos a los votantes”

Fue tras un pedido hecho por el apoderado local del Frente para Todos, quien cuestionó la decisión de la gestión de Nicolás Ducoté (Pilar) de crear por decreto cinco programas sociales, con asignaciones entre 3 y 5 mil pesos para desempleados, discapacitados, adultos mayores y otros grupos económicamente vulnerables.

Nicolás Ducoté
Para la justicia, la entrega de subsidios "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados del municipio"

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, concedió una medida cautelar para que el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Cambiemos), no pueda disponer de los fondos municipales para conceder planes sociales en la jurisdicción durante la campaña.

La medida, firmada el lunes pero conocida ayer, resalta que la decisión de afectar fondos de la tesorería comunal para conceder planes municipales podría generar “condicionamientos a los votantes” en la primera vuelta, a concretarse el 27 de este mes.

La medida fue solicitada a la Justicia por el apoderado del Frente de Todos, Guido Bordachar, en atención a la proximidad de las elecciones y a presuntas promesas de entregar ayudas sociales de parte de Ducoté. El pedido del Frente para Todos cuestiona centralmente la decisión de la gestión Ducoté de crear por decreto cinco programas sociales, con asignaciones entre 3 y 5 mil pesos para desempleados, discapacitados, adultos mayores y otros grupos económicamente vulnerables.

Fallo Ducoté

En la resolución, Servini ordenó disponer una “restricción, en forma preventiva y previa a la decisión de fondo”, que deberá tomar la Justicia luego de sopesar las pruebas presentadas por Bordachar, pero hasta tanto no estarán vigentes los decretos.

“La Municipalidad de Pilar dispuso, a través del dictado de cinco decretos, la situación de emergencia alimentaria en el distrito, con el presunto objeto de condicionar a los electores del partido, a través de la ayuda social legalmente dispuesta, toda vez que ésta se otorgaría a cambio del apoyo al actual gobierno comunal”, reseñó la magistrada.

Para Servini, tal situación, “podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados del municipio, en razón a que podría atentar contra su derecho de elegir libremente a las autoridades que gobiernen el partido de Pilar por los próximos años”.

En las elecciones PASO del 11 de agosto, el candidato del Frente para Todos, Federico Achaval -hijo del concesionario del hipódromo de Palermo y socio de Cristóbal López-, obtuvo el 50 por ciento de los votos, contra casi un 35 por ciento obtenido por el actual intendente.

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