En la marcha del 18 de diciembre, en protesta por la sanción de la reforma previsional, uno de los hechos que más polémica generó durante la represión ejercida por las fuerzas de seguridad fue el ataque a Alejandro Rosado, un cartonero que huía de las balas de goma en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí, que se intentó esconder detrás de un tacho de basura pero que de todos modos fue alcanzado con un disparo a corta distancia que le produjo una herida profunda en la zona del abdomen y que segundos después fue pisado por una moto del GOM (Grupo de Operaciones Motorizadas).
Sin embargo, hay inconsistencias en el expediente; falta de pruebas, elementos que no se pidieron y el relato del acusado que señala a otro agente como autor de los hechos sugiriendo que quieren cortar en él, por el eslabón más débil de la cadena.
Dante Héctor Hugo Barisone, efectivo del GOM y vecino de Hurlingham fue detenido días después del hecho, acusado de haber sido quien pisó a Rosado. La identificación, sin embargo, no surge de testigos ni de imágenes registradas por los reporteros gráficos ni cámaras de seguridad, sino de Asuntos Internos y un supuesto testimonio de un efectivo con mayor rango.
Recluido en la superintendencia de Investigaciones desde su detención, en el expediente judicial Barisone negó haber sido él quien pisó con la moto al cartonero, y dijo no poder dar nombres de quienes sí lo habrían hecho porque todos llevaban «casco», lo que haría difícil su identificación.
Con el paso de los días empezaron a surgir inconsistencias en esa causa que lleva adelante el Juez Federal Sergio Torres, y que se basó por el momento en los informes de Asuntos Internos de la propia Policía. La misma fuerza que también puso abogados a Barisone y que ahora que el agente hizo consultas con un estudio particular le sugieren que no los cambie y que se siga manejando con los que le proporciona la Policía.
Dante Barisone le aseguró a familiares, amigos y nuevos abogados, que no sólo no fue él quien pisó al cartonero Rosado, sino que tiene además elementos para demostrar su inocencia. Según comentan sus allegados, el joven habría llegado a retirar la moto tras cumplir una guardia en la Casa de la Moneda. Le correspondía regresar a su domicilio de Hurlingham pero fue convocado para participar de la represión en la marcha. Y la orden para que intervinieran, dicen, fue «restablecer el orden público como sea».
Cabe mencionar también que Barisone pidió que se observe el legajo de la moto y se secuestren los registros de la estación de servicio ubicada sobre la Avenida Belgrano donde cargó combustible y quedó registrado qué vehículo utilizaba aquella tarde. Más allá de lo solicitado por el imputado, el Juez debería haber pedido el secuestro de los historiales de todos los vehículos que participaron del operativo, así como también las armas entregadas a los efectivos, información que queda asentada en el libro de la armería.
La investigación deberá seguir su curso para determinar si quien está detenido es efectivamente el responsable del hecho, o si como él mismo sugiere se quiere buscar un chivo expiatorio para proteger a alguien de mayor rango.
