Saturday 24 de October, 2020

AHORA: pidieron diez años de prisión para seis policías locales de La Matanza por un secuestro extorsivo

En su alegato, el fiscal García Berro aseguró que los policías secuestraron a un vecino de la localidad bonaerense de Virrey del Pino el 7 de febrero de 2017 entre las 17 y las 20.45. A la víctima la obligaron a llamar a un amigo para que pagase un rescate de 60.000 pesos.

Detenidos
Los efectivos policiales fueron detenidos al otro día del hecho y llegaron en la cárcel al juicio

El fiscal Marcelo García Berro solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín que los seis policías locales de La Matanza acusados de haber sido los autores del secuestro extorsivo de un hombre en Virrey del Pino en 2017 sean condenados a diez años de prisión. La sentencia se dará a conocer el próximo jueves a las 12.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que el representante del Ministerio Público requirió diez años y un mes para Alejandro Gabriel Gómez y diez años para María Florencia Romero, Matías Ezequiel Britez, Juan Leonel Peña, Sebastián Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodríguez –todos ellos oficiales de la Policía Local de La Matanza.

El fiscal García Berro dio por acreditado que los efectivos cometieron los delitos de «secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por resultar los participantes agentes de una fuerza de seguridad y por el número de intervinientes». Además, el funcionario judicial desistió de acusar a Mario Mauricio Puñales, un ciudadano que prestaba servicios de vigilancia, por lo que el TOF 1 ordenó su inmediata excarcelación.

LA INFORMACIÓN QUE PUBLICÓ PRIMER PLANO ONLINE EN EL MOMENTO DEL HECHO: 

http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2017/09/09/manos-quien-estamos-van-juicio-seis-policias-locales-la-matanza-secuestro-dejaron-registrado-grupo-whatsapp/

En su alegato, el fiscal García Berro aseguró que los policías secuestraron a un vecino de la localidad bonaerense de Virrey del Pino el 7 de febrero de 2017 entre las 17 y las 20.45. Según la acusación, aquel día, el hombre caminaba junto a una vecina por la calle Vilela, cuando fue interceptado por un patrullero de la Policía Local de La Matanza, del que descendieron Peña y Gómez –con sus armas reglamentarias y uniformes-, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo.

En ese momento, uno de los efectivos le refirió: «Sabemos que sos transa, sabemos que tu papá es transa, llamá a tu papá para pedirle dinero». Para el funcionario judicial, esa maniobra contó con el apoyo de Britez y Romero, quienes también estaban uniformados, armados y se desplazaban en un móvil policial.

La víctima, quien les había respondido que su padre estaba muerto, fue trasladada a un descampado, ubicado en el kilómetro 40 de Virrey del Pino, y durante el trayecto, uno de los policías le sustrajo una billetera, en cuyo interior había 30 pesos, papeles y su cédula de identidad expedida por la República del Paraguay. Una vez en el baldío, al hombre, que no se presentó a declarar ante el TOF 1 pero su testimonio fue incorporado por lectura, lo obligaron a llamar a un amigo para que pagase un rescate de 60.000 pesos.

Dicha comunicación se efectuó a través del servicio de llamadas de la aplicación de mensajería WhatsApp y en el cual armaron un grupo titulado «Ponela Tío», que tenía como integrantes a los efectivos policiales imputados. Durante su cautiverio, los patrulleros –tres en total- iban y venían, mientras que algunos de los efectivos golpeaban a la víctima, lo amenazaban con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, incluso, Gómez disparó dos veces contra el suelo cerca donde estaba parado el joven, según la fiscalía.

Finalmente, dado que el amigo de la víctima no había conseguido el dinero, ésta se ofreció a juntar el rescate y dárselos al día siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45, lo volvieron a subir a uno de los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado. Tras sus detenciones y al ser indagados en la etapa de instrucción, algunos de los imputados se refirieron al hecho como un «procedimiento» por comercialización de estupefacientes, uno se negó a declarar y otros argumentaron que se trataba de una represalia por haber desbaratado una red de proveedores de narcóticos.

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