Tuesday 7 de February, 2023

Con amparo de una ley nacional, la justicia de Morón determinó que no es delito ejercer la veterinaria sin título habilitante

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de ese Departamento Judicial a raíz de la denuncia contra una funcionaria municipal de Ituzaingó que realizaba castraciones en el área de Zoonosis. Virginia Beatriz del Oro fue sobreseída de la causa en la que estuvo procesada por ejercicio ilegal de la actividad. El colegio que nuclea a esos profesionales está en llamas.

El fallo de la justicia de Morón puso en llamas al Colegio de Veterinarios bonaerense

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón sobreseyó “totalmente” a Virginia Beatriz del Oro, ex directora de Zoonosis del Municipio de Ituzaingó, quien estuvo procesada durante más de tres años acusada de usurpación de títulos por haber ejercido la profesión de veterinaria entre 2013 y 2018 cuando se desempeñó como funcionaria municipal.

El fallo, al que tuvo acceso Primer Plano Online, puso en llamas al Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, que lo rechazó mediante un comunicado en el que sus autoridades expresaron que “constituye un claro atropello a los intereses profesionales” del cual se desprende que “cualquier funcionario público no profesional se encuentra en condiciones de ejercer la medicina veterinaria”.

EL FALLO COMPLETO:

Veterinarios

Para hacer un breve recuento de la historia, Del Oro llegó al tribunal de alzada en reclamo contra el proceso al que estaba siendo sometida luego de ser denunciada por ejercer “actos propios de la profesión de médica veterinaria”, como castraciones, sedaciones, colocación de vías endovenosas y administración de anestesia sin contar con título habilitante ni autorización correspondiente en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis y Atención Primaria de la Municipalidad de Ituzaingó.

Para los camaristas Fernando Bellido, Diego Grau y Fabián Cardoso, si bien la legislación “determina que sólo podrán ejercer la medicina veterinaria en cualquiera de sus ramas o especialidades aquellos profesionales graduados en universidades nacionales” también establece, como excepción, que podrán ejercerla “aquellas personas contratadas por el gobierno nacional, universidades nacionales u otras entidades de derecho público en ejercicio de los poderes que les son propios”.

Separaron a la directora de Zoonosis de Ituzaingó por una denuncia de ejercicio ilegal de la profesión

Entonces, teniendo en cuenta que la nombrada había sido designada a cargo de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Ituzaingó, “puede considerarse que se encuentra alcanzada por la excepción prevista en la ley”, concluyeron los magistrados de la Sala 1 de la Cámara. La referencia es a la norma nacional N° 14.072, que puede observarse en el siguiente link completa: https://bit.ly/3WGUcN7.

Fuentes judiciales consultadas por este medio graficaron la resolución de este modo. “La ley nacional ampara una práctica normal que se da en los territorios, como el farmacéutico que recomienda un medicamento y no puede, el enfermero que hace cosas que van más allá de su labor o el pedicura que indica una crema sin ser médico. Es una discusión que se puede centrar en el campo de la ética, pero que no es delito”. De todas formas, la contraparte tiene una instancia de apelación y puede recurrir a Casación en contra del fallo.

Desde el Colegio de Veterinarios bonaerense montaron en cólera al conocer el veredicto judicial. “En un fallo inaudito, la Cámara de Apelación confundió la ley aplicable, desatendiendo injustificadamente los claros lineamientos de nuestro decreto ley 9686/81 (VER https://bit.ly/3WHdH8e) para considerar de aplicación – y de manera sorpresivamente equivocada – la ley 14.072 que regula el ejercicio de la medicina veterinaria en la Capital de la República, territorios nacionales y lugares sujetos a jurisdicción nacional”, afirmaron sus responsables.

@mvpaunicora

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Es decir, argumentan que la normativa tomada por los camaristas es errada, debido a que es otra legislación la que regula la actividad en territorio bonaerense, y consideran que el fallo constituye “un atentado contra la Salud Pública”. Además, avisaron que recurrirán el sobreseimiento de Del Oro porque es ese organismo el que inició la demanda contra la funcionaria.

Como sea, la polémica quedó abierta.