Monday 25 de January, 2021

Bomba periodística de Primer Plano On Line: suspendieron al fiscal de Morón Alejandro Jons y lo enviaron a juicio político

El jurado de enjuiciamiento de funcionarios judiciales declaró la admisibilidad de los cargos en su contra. A partir de este momento, el representante del Ministerio Público no podrá renunciar al cargo. Además, le embargan el 40 por ciento del sueldo mientras dure el proceso.

Fiscal Alejandro Jons
El fiscal Alejandro Jons tiene días decisivos por delante para su continuidad como funcionario judicial

El pasado 30 de octubre, Primer Plano On Line publicó un informe exclusivo titulado “definen la suspensión del fiscal de Morón Alejandro Jons, acusado por faltas graves y posible comisión de delitos en acciones públicas”. Desde aquel entonces éste medio tenía la información de que el destino del funcionario judicial estaba poco menos que sellado. Y ese anticipo periodístico se acaba de confirmar.

Hace instantes, el Jurado de Enjuiciamiento de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales bonaerenses suspendió en su cargo a Jons y lo envía a juicio político al declarar la admisibilidad de las delicadas acusaciones en su contra. La suspensión no tiene un plazo específico sino que dura hasta que se abra la instancia definitiva que evaluará su conducta, no antes de abril de 2018.

La otra particularidad de la determinación del organismo provincial es que el fiscal ya no puede presentar la renuncia, así que está obligado a enfrentar al jury que analizará suactuaciones, por las que llegó a esta instancia. Asimismo, se le embargará el 40 por ciento de su salario, algo protocolar para cubrir los gastos administrativos que demanda el proceso.

LAS CAUSAS

Como contó Primer Plano On Line, Jons, integrante de la UFI 4 de Morón, “se encuentra involucrado en gravísimos hechos que no sólo cuestionan directamente su desempeño como magistrado, sino también que, por su conducta irregular, contradice las leyes que regulan y legitiman los actos de su función, violando con su proceder la recta administración de justicia que la ley impone”.

El expediente abierto en La Plata fue tras una investigación de Karina Iuzzolino, Fiscal General Adjunta de la Fiscalía General Departamental de Morón, quien fue designada por su superior, Federico Nieva Woodgate, para llevar adelante la recopilación de datos que permitan evaluar la actuación de Jons. Ambas denuncias fueron promovidas a través de los mecanismos que contempla la legislación vigente.

Fiscal Alejandro Jons
En el frente de la Fiscalía General de Morón (Colón 237, Morón) hay pintadas contra el fiscal Jons

La primera de las causas es por un abuso sexual contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, ocurrido en el año 2004. En esa presentación se acusa al fiscal por haber omitido hacer constar en actas de la instrucción la parte del relato en la cual se hace referencia al abuso sufrido por una de las mujeres denunciantes. Pero luego, cuando esa situación quedó revelada en el juicio, el denunciado agente fiscal se comunicó telefónicamente con la mamá de la víctima “a fin de solicitarle que su hija modificara su declaración en la audiencia de debate de la causa, indicándole que su hija debía llegarse hasta la Fiscalía para declarar que lo que había relatado ante el tribunal era un error, y que quería rectificarse de ello; que manifestara que se había confundido, que se encontraba nerviosa y no quiso declarar eso, señalando el agente fiscal, que su hija debía cambiar sus dichos porque de lo contrario lo iban a echar”.

Es decir, Jons habría obligado a la víctima a incurrir en el delito de falso testimonio para salvar su actuación en la causa. Por razones obvias, los nombres de ambas mujeres no serán publicados pero sí el del imputado, que continúa prófugo. Se trata de Eduardo Omar Ullúa, un ex comisario de la Policía bonaerense que llegó en libertad a las audiencias y se escapó durante el debate. El juicio en principio se inició por el abuso sexual de su hijastra, aunque en el transcurso se reveló que también hubo una víctima del mismo delito pero de que era menor de edad. Y como el abogado del acusado renunció a su defensa y el imputado se profugó, desde aquel entonces el juicio está trunco. La acusación contra Jons es por ocultamiento de pruebas al ignorar el testimonio de la menor de edad abusada sexualmente, lo que constituye, en criterio de los denunciantes, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro caso que es analizado por el jurado presidido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, e integrado por cuatro diputados, un senador y cinco conjueces abogados, es el que se conoció por los medios hace algunas semanas, luego de un informe presentado por el programa ‘Periodismo para Todos’ de Jorge Lanata.

Aquí, la acusación es por haber cobrado “una supuesta suma de dinero, que se aproximaría a los $ 20.000”, a cambio de garantizarle a Walter Balcaza, acusado de haber cometido una salidera bancaria con posterior asesinato de una mujer en Merlo, que controlaría el curso legal de las diligencias de reconocimiento en rueda de presos “evitando para el caso que se muestren fotos de él, y, en caso de arrojar dicho reconocimiento resultado negativo, solicitaría al juez de Garantías interviniente su inmediata libertad”. Léase, de cobrar una cifra abultada de dinero entre julio y agosto de 2006 para mejorar la condición del imputado de un delito grave como un homicidio.

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