Pese a una multitudinaria marcha multisectorial que en las afueras de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se manifestó en contra de la ley Emergencia Administrativa y Tecnológica que la gobernadora María Eugenia Vidal reclamaba desde su asunción, los diputados de Cambiemos y el Frente Renovador lograron imponer número y sancionaron la norma, considerada por los gremios estatales como una nueva flexibilización laboral.
La sanción de la norma se produjo hace instantes, mientras los gremios estatales enrolados en las dos CTA y parte de la CGT realizaban una impactante muestra de fuerza en las puertas del palacio. Los votos provinieron de todo el arco político a excepción del Frente para la Victoria, hoy dividido en tres bancadas, y el unibloque del Frente de Izquierda.
La iniciativa establece en sus fundamentos «la necesidad de establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas».
A su vez, se propone «revertir los plazos actuales de las licitaciones, que son inviables y que van de seis meses para la contratación de bienes y de nueve a 11 meses para la obra pública», según se explicó desde el Ejecutivo. La norma prevé acortar esos plazos a dos meses aproximadamente, para lo cual, entre otros puntos, establece una reducción a cuatro días del tiempo que los organismos de control del Estado provincial tendrán para expedirse previo a la licitación.
Los sindicatos, por su parte, denuncian que se intenta “una mayor laxitud en los contratos de trabajo”.
