Saturday 24 de September, 2022

Primera vez en la historia de Argentina condenan a empleado de una institución de salud mental por una muerte dudosa

Fue tras el suicidio de Saulo Rojas, un joven con consumos problemáticos que había sido recluido en una habitación precaria a modo de castigo. En 2017, el establecimiento fue clausurado por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.

Para la justicia, el joven se suicidó porque tomó esa decisión porque el encargado de su guarda “no hizo lo que debía”

Por primera vez en la historia penal argentina, un trabajador de un establecimiento sanitario de salud mental fue condenado por una muerte dudosa en un contexto de encierro.

Así lo decidió el Juzgado en lo Correccional Nº 4 de San Isidro, cuyo titular, Juan Facundo Ocampo, coincidió con el pedido realizado por la fiscal Paula Valeria Oyola y sentenció a Ángel Súñez, exempleado de seguridad de la comunidad San Camilo, de Pilar, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y diez de inhabilitación especial para controlar a personas internadas en instituciones públicas o privadas por considerarlo responsable del delito de homicidio culposo.

El caso que se ventiló en un juicio que se extendió durante la semana pasada y que tuvo veredicto hoy lunes fue el protagonizado por Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años con consumos problemáticos e insulinodependiente. A los 18 años, diferentes centros terapéuticos de la provincia de Mendoza le negaron atención argumentando que la situación de adicción más su dependencia a la insulina era algo “imposible de manejar”.

El Gobierno dispuso un subsidio para que la familia buscara un lugar en otra provincia. Así fue que llegó a la Fundación San Camilo el 22 de junio de 2012. Un año después de su ingreso, el 14 de julio de 2013, Saulo fue castigado y encerrado en una celda de aislamiento, algo que prohíbe la ley de Salud Mental sancionada en 2010.

La celda era una habitación pequeñísima, con piso y paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado. Saulo entró en esa celda a las ocho de la noche, depresivo (“podía escuchar su llanto desde el otro lado de la pared”, describió uno de los internados), sin su dosis diaria de insulina y con su cinturón y sus cordones en las zapatillas. Minutos después se ahorcó, según la descripción hecha por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Después de su muerte, desde la comunidad terapéutica llamaron a la mamá de Saulo, Miriam Lucero, para informarle que su hijo había “sufrido un infarto”. Cuando llegó la policía, el joven ya no se encontraba en la celda, que rápidamente fue adornada con muebles y un acolchado.

Durante dos años, la causa no avanzó. El expediente se reactivó y llegó a juicio oral gracias a la lucha de Miriam, de su abogado Yamil Castro Bianchi, perteneciente al grupo de Litigio Estratégico, y del periodista Pablo Galfré, quienes lograron juntar pruebas y testigos. Los testimonios de pacientes y empleados recogidos por Galfré demostraron que los golpes, maltratos y sobremedicación eran algo cotidiano en San Camilo.

En el juicio, al repasar toda la prueba que había sobre la mesa, la fiscal Oyola reflexionó que Súñez “en forma gravemente negligente, no le quitó un elemento de gran importancia, el cinturón, con el que Saulo Rojas se quitó la vida”. Además, alegó que el paciente tomó esa decisión porque el encargado de su guarda “no hizo lo que debía”. En concordancia, el abogado de la familia de la víctima, Yamil Castro Bianchi, adhirió al planteo y enfatizó: “lo que aquí ocurrió no tiene que pasar más. El encierro no cura, el encierro mata”.

De todos modos, Suñez no irá preso hasta que el fallo adquiera criterio de firmeza, es decir, luego de pasar por todas las instancias de apelación. El condenado seguirá en libertad pero, según dispuso el juez Juan Facundo Ocampo, deberá fijar domicilio y no ausentarse sin permiso por más de 24 horas y presentarse una vez al mes en la Secretaría del Juzgado interventor.

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