Sunday 24 de October, 2021

“El abuso después del abuso”: condenan a penitenciario por violar a mujer a la que debía instalarle una pulsera electrónica

Fernando Víctor Alfonzo recibió la pena de ocho años y medio de cárcel e inhabilitación perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial. En el juicio quedó acreditado que el sujeto extorsionó a la víctima con un informe que revocara la prisión domiciliaria de la que gozaba.

El condenado debía instalar el dispositivo a una mujer que cursaba arresto domiciliario, pero la violó y extorsionó

Un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a ocho años y medio de cárcel por haber abusado sexualmente de una mujer que estaba con prisión domiciliaria y a la que en 2019 le había ido a instalar una tobillera de monitoreo en una vivienda de Moreno.

La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 2 de San Martín y recayó sobre Fernando Víctor Alfonzo, a quien la jueza Silvina Mayorga y sus pares Daniel Cisneros y Walter Antonio Venditti encontraron como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función.

Al condenado también le impusieron una inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial. Y, en línea con lo requerido por el fiscal de juicio, Alberto Gentili, el tribunal consideró “imperativo adoptar acciones positivas para procurar evitar posibles nuevos casos en el futuro” y solicitó que se evalúe la conveniencia de que el control de la prisión domiciliaria de una mujer sea practicado por un hombre.

Fallo Fernando Víctor Alfonzo

El hecho, que quedó probado en el juicio, se comenzó a desarrollar el 27 de febrero de 2019 cuando Alfonzo, en calidad de miembro del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, concurrió a una vivienda de la localidad de La Reja para instalarle la tobillera electrónica a la víctima, que cumplía arresto domiciliario por una condena impuesta en el marco de un caso de trata de personas.

El 2 de marzo siguiente, el penitenciario regresó al inmueble de la víctima debido a que el equipo de monitoreo había quedado mal colocado. Y un día después se presentó nuevamente en el lugar y, tras extorsionarla, la obligó a subir a su Volkswagen Bora, donde abusó sexualmente “por vía oral” de ella. Como se logró probar tanto en la instrucción del caso como en el juicio, el hombre concurrió también el 7, 8 y 28 de marzo, donde extorsionó a la víctima con “emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria” si ella hablaba. Esa situación fue definida por jueces y fiscal como “el abuso después del abuso”.

Tras advertir lo que ocurría, una de las hijas de la víctima la convenció para denunciar lo ocurrido ante las autoridades. El fiscal Gentili analizó y valoró la prueba testimonial y documental, que acreditaba la conducta endilgada a Alfonzo y agregó que “el hecho configura una forma de ejercicio de violencia contra la mujer».

«Debe repararse que se trató de un evento en el cual ha tenido intervención un funcionario público encargado del cumplimiento de la ley, lo que obligaba a prestar una especial atención a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de integridad de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y de violencia institucional, que viene dado por la situación de asimetría entre víctima y acusado”, reflexionó el fiscal.

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