Los concejales socialistas Lautaro Aragón y Esteban Vallarino, de Hurlingham e Ituzaingó, respectivamente, presentaron ayer sendos proyectos de ordenanza para establecer la obligación de presentar declaraciones juradas por parte de funcionarios públicos que se desempeñen en el ámbito de esos Municipios.
En el texto elaborado, que deberá ser debatido por ambos Concejos Deliberantes en donde sólo el socialismo cuenta con una banca en cada uno, no sólo se fija la obligatoriedad sino también el carácter público del estado patrimonial de cada persona que asume un cargo. Eso significa que tendrá que encontrarse a disposición de la ciudadanía a través de los portales tanto de las Municipalidades como de los cuerpos deliberativos de ese par de distritos.
“Es un aporte que hacemos a la institucionalidad”, sintetizó Vallarino a propósito de la iniciativa. “Debemos tener funcionarios que puedan dar cuenta de su patrimonio, que puedan explicar de qué consta y cómo se generó. En los últimos doce años de gobierno kirchnerista muchos funcionarios se enriquecieron de manera exponencial y no pueden explicar cómo”, agregó el edil de Ituzaingó.
Aragón, por su parte, vaticinó que, de aprobarse la propuesta, “sería un gran gesto de todo el arco político, en el que lograríamos un compromiso multipartidario con la transparencia”. “En este tipo de iniciativas se demuestra bien claro quienes apuestan a construir un Estado en función de los ciudadanos o bien servirse del mismo para obtener beneficios personales”, chicaneó a sus pares como para motorizar el pronto tratamiento del proyecto.
Ambos concejales, que acompañan a Margarita Stolbizer y sueñan con revalidar sus bancas como parte del acuerdo entre la líder del GEN y el Frente Renovador de Sergio Massa, consideraron como “una obligación” impulsar mecanismos que incrementen la transparencia de las instituciones que deben representar a la ciudadanía, y dispararon un dardo al corazón de los Concejos Deliberantes que integran. “No podemos seguir tolerando que, aquellos que tenemos la responsabilidad de sancionar las normas, no elaboremos leyes u ordenanzas que nos imponen un auto control y la obligación de dar explicaciones ante los ciudadanos”, concluyeron.
