Thursday 29 de September, 2022

Dramático: hay 50 casas con riesgo de derrumbe en el Barrio Mitre de Hurlingham

Lo reconoció el propio intendente Juan Zabaleta durante una entrevista con el programa Primer Plano Recargado. Avanza en la justicia federal la investigación de lo ocurrido a partir de una mega causa de construcción de viviendas.

Barrio Mitre
Una de las tantas casas dañadas en el Barrio Mitre, donde 50 viviendas sufren riesgo de derrumbe

El número es dramático: sobre un casi 300 unidades habitacionales construidas, hay 50 casas con riesgo de derrumbe en el Barrio Mitre de Hurlingham. La información fue reconocida y aceptada por el propio intendente Juan Zabaleta en conversación con el programa periodístico Primer Plano Recargado, en donde también aseguró que irá a fondo para que la justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias sobre la verdad de lo ocurrido.

“El único Plan Federal de Viviendas que se hizo en Hurlingham se construyó arriba de lo que se denomina arcillas expansivas. Ahí había una tosquera, que se rellenó sin ningún análisis de tratamiento del suelo. Lo que está debajo de las casas funciona como una esponja de lavar los platos: cuando se moja se expande y cuando se seca se contrae. Hay 50 casas rotas, con riesgo de derrumbe; hay problemas de napas y pensamos también que es porque se rompen los caños”, explicó el intendente.

En abril de 2016, a poco de asumir, Zabaleta firmó la demanda judicial junto a su secretario de Obras Públicas, Gustavo Jorge Linares, y patrocinada por el abogado de la comuna, Xavier López, para que se investiguen “hechos que podrían resultar penalmente reprochables” en la construcción, desarrollada entre 2006 y 2011, de 296 viviendas en el Barrio Mitre. La presentación se refiere a las condiciones del suelo sobre las que fue edificada la barriada, que en su gran mayoría hoy sufren graves deterioros en su estructura. Los denunciados son el ex intendente municipal, Luis Emilio Acuña, y la empresa constructura del ingeniero Raúl Baud S.R.L, pero también los Estados provincial y nacional por su responsabilidad en la falta de control sobre la obra.

“Esa denuncia ahora se unificó en una mega causa por viviendas que tiene el juez federal de Comodoro Py Luis Rodríguez, al que voy a ir a visitar, y mientras tanto estamos mandando cuadrillas que lo que hacen es tratar de resolver la situación de napas, de cloacas también, y lo más importante, que es ver cómo podemos en algún punto resolver la situación de esas cincuenta familias que no termina acá porque eso se mueve”, precisó Zabaleta.

La demanda iniciada por el Municipio cuenta con un antecedente individual. Se trata de un expediente que se presentó en 2014 en el Juzgado Federal 1 de San Martín. En ese entonces, la vecina Pabla Modesta Villagra reclamó la adaptación de su domicilio a la discapacidad de su marido Gustavo Oscar Morales, que padece esclerosis múltiple progresiva. El argumento usado por la familia fue que, cuando adquirieron dicha unidad habitacional, lo hicieron dentro del listado de personas que precisaban adaptación funcional de la vivienda pero que, según sus propios dichos, “tomó la vivienda igual a riesgo conocido de que si no la tomábamos podíamos quedarnos afuera, porque se hizo entrega de las casas de manera vergonzosa”.

Esta anomalía y su tratamiento llevó a la posterior y urgente recorrida del barrio por las autoridades municipales locales actuales, quienes tomaron conocimiento del “lamentable estado de situación” en que se encuentran las viviendas. Muchas de ellas corren “riesgo cierto” de derrumbe porque se hallan edificadas sobre la misma platea (cimientos comunes) de construcción. Del pormenorizado estudio de la problemática surge lo que podría resultar constitutivo de un obrar típico en términos penales.

La ruina producida en las viviendas se debió al posible soslayamiento y fraude en los estudios de suelo, es decir, ya era de conocimiento de las altas autoridades del municipio, más concretamente del ex intendente Luis Emilio Acuña. La denuncia adjunta una nota de aceptación “de una circunstancia de suelo determinada sobre una superficie térrea a la cual el mismo fiduciario se compromete a acondicionar”, lo que estipulan las autoridades locales “es una clara prueba de conocimiento de esas condiciones del suelo y sus deficiencias, dando como resultado el grave estado de situación”.

Las consecuencias de no haber tenido en cuenta la base para la construcción están a la vista: rajaduras en los frentes; los pilares de los medidores de servicios torcidos; asfaltos partidos y montados entre sí; paredes y techos partidos. En varias esquinas y bocacalles, el agua estancada forma lagunas. Esto ocurre incluso sin que llueva. La explicación es sencilla: las tuberías subterráneas se fueron rompiendo por el movimiento de los suelos y el agua fluye hacia la superficie. Lo mismo pasó con los caños de las cloacas, aunque esta acuciante situación habría sido saneada. En diferentes oportunidades la empresa intentó expiar culpas. Primero adujo que los propios vecinos arrojaban sólidos por las cañerías y por eso se rompían. Luego argumentó que los problemas se debían a la construcción de medianeras realizadas de manera clandestina por los frentistas.

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