Wednesday 25 de November, 2020

“El fin no siempre justifica los medios”: la reflexión de un abogado sobre el decreto presidencial de extinción de dominio

Matías Arregger es, además, doctorado en Ciencias Jurídicas, profesor universitario e integrante del Consejo Académico del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH) México. Además, forma parte de la ONG de Morón ‘Puente entre la Justicia y la Gente’.

Matías Arregger
Matías Arregger definió al DNU de Macri como una medida "que de fondo sirve para recordarnos que Argentina sigue siendo un país al margen de la ley"

El Poder Ejecutivo sancionó un Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Dicha medida ha traído muchos cuestionamientos jurídicos. Primer Plano Online salió a recoger la opinión de un especialista en la materia. Se trata de Matías Arregger, el abogado que trabaja con la ONG de Morón ‘Puente entre la Justicia y la Gente’. El año pasado, su trabajo profesional tuvo un fuerte impacto a raíz de que logró frenar, a través de un recurso de amparo, la campaña publicitaria de la multinacional Burguer King por estigmatizar a las personas pelirrojas.

A continuación, el texto completo que eligió compartir con los lectores de este medio.

La Constitución Nacional establece en su artículo 99 inc. 3) que “… El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos…”

Así, se observa claramente en el primer apartado que los DNUs están prohibidos, en general, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable. En el segundo apartado es donde se establece una única excepción a la prohibición general. Precisamente, la comisión interviniente en el llamado núcleo de coincidencias básicas, modificó lo aprobado por el Congreso en la Declaración de la Necesidad de la reforma de la Constitución (Art. 2, ley 24.309), con la premisa de la atenuación del sistema presidencialista.

De esta manera, la reforma constitucional ha sido precisa al establecer que solo frente a una circunstancia excepcional que hiciere imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Lo dicho, se refiere a cuando exista una imposibilidad relacionada con los resultados o el desenlace que el Gobierno urgentemente debe lograr para sortear, corregir o superar una situación insalvable para la gobernabilidad del país, la cual no podría esperar el debate en el Congreso sin que eso devenga en consecuencias negativas.

Respecto a lo señalado, la justicia se ha expresado en reiteradas ocasiones: Carmen Argibay, por su voto en «Consumidores Argentinos» (2010), dijo «Cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el PEN debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la CN» (333:633, Argibay); «Dado que el texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y urgencia a la que hace referencia el inc 3 del art. 99 de la CN sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda- habitualmente de origen político circunstancial-sustituyendo al Congreso de la Nación en el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia, cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo» (333:633, Maqueda); La Corte en “Verrocchi” (1999) dijo «El art 99 inc 3 CN no deja dudas que el ejercicio de facultades legislativas por el PEN, se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y sujeción a exigencias materiales y formales, que son una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país» (322:1726); entre otros.

Así las cosas, resulta evidente que el marco excepcional necesario para utilizar correctamente esta herramienta, no puede bajo ningún concepto sostenerse en un capricho. Es inconcebible sostener o pretender justificar un DNU argumentando en sus considerandos que “…el proyecto lleva así más de DOS (2) años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal. Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo, se verifican las circunstancias de carácter excepcional…”

Imaginemos si cualquier demora o lentitud del Congreso habilitara al Poder Ejecutivo a dictar un DNU. ¿Qué pasaría con un Ejecutivo ansioso? La representación y deliberación de los representantes del pueblo quedaría sustituida por el Presidente. Debemos entender que la composición del Congreso está dada por el voto popular. Por ello, es hermoso cuando desde la oratoria se pregona el sistema republicano, pero mucho más me enorgullece cuando se lo practica.

Por otra parte, tiene que quedar claro que el senado devolvió la media sanción totalmente modificada en el mes de agosto cuando el Congreso se encentraba en sesiones ordinarias. En este entendimiento, la cámara de diputados, para omitir la media sanción del senado, necesitaba insistir en su media sanción sin la necesidad de tener una mayoría calificada, es decir, le hacían falta los mismos votos. ¿Entonces por qué no se insistió?

En este entendimiento, es donde todos los caminos parecen llevar al mismo lugar. Oportunismo electoral. Buena jugada. En un panorama económico realmente oscuro y con indicadores alarmantes, hay que avanzar y mostrar gestión por otro lado. Y no está mal, cada quien arma su estrategia. Pero lo que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia es utilizar como medio el avasallamiento de la Constitución Nacional para lograr un título netamente electoral.

Que mal estamos como sociedad que no podemos separar las cosas. No podemos dejar de encasillar al otro. Y aquí la grieta que se venía a cerrar se abre cada vez más, tanto que ni siquiera podés defender la Constitución sin que te digan que amparas o proteges a narcos y corruptos. Es una cosa o la otra. Y es justamente esto lo que se persigue con estas medidas. Medidas que de fondo sirven para recordarnos que Argentina sigue siendo un país al margen de la ley.

El fin no siempre justifica los medios.

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