Sunday 17 de October, 2021

El servicio de justicia penal está “próximo a colapsar”: la dura advertencia de fiscales bonaerenses

Consideran que, producto de una “degradación” de varios años a esta parte, el sistema se encuentra “al límite de lo tolerable”. Es que, afirman, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada a la función que cumplen con la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística para desarrollar la actividad.

Colón 237, Morón: en ese edificio vidriado concentran su actividad las y los fiscales que atienden causas de ese distrito, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo, es decir, casi un millón y medio de habitantes

“Como consecuencia de un proceso que lleva décadas de desarrollo, la degradación del sistema penal en nuestra provincia ha arribado al límite de lo tolerable”. Con un duro comunicado, la Asociación de Agentes Fiscales de la provincia de Buenos Aires salió a fijar postura en torno a la situación que atraviesa el servicio de justicia que, en interpretación de esos funcionarios, está “próximo a colapsar”.

En rigor, con el sistema acusatorio que rige en territorio bonaerense, son las y los fiscales quienes, por mandato legal, tienen a cargo la dirección de las acciones penales que se promueven frente a la mayoría de los delitos punibles. El ámbito de actuación en el que se desempeñan resulta ser de los más extensos oficios por cubrir, dada la conflictividad y vulnerabilidad social en juego, y la diversidad y complejidad de los procesos que se tramitan.

“Las cuestiones sometidas a nuestra intervención suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad”, afirman desde la entidad, que en apenas tres meses logró reunir las voluntades de más de 300 agentes fiscales de diversos Departamentos Judiciales.

“Frecuentemente se posa el ojo crítico en los operadores del sistema, sin tener en cuenta las falencias que padece”, afirman. Es decir, cargan con la responsabilidad de las investigaciones sin los recursos ya no sólo humanos sino también tecnológicos y de infraestructura para llevar adelante las tareas que deben cumplir. Y, en muchos casos, trabajando en oficinas que no cuentan con los requisitos mínimos de cuestiones tan básicas como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y un plantel de empleados y funcionarios “acorde a la demanda de trabajo”.

Comunicado Asociación De Agentes Fiscales Final

También rechazan la exigencia de cumplir con “turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas”, más allá de tener que intervenir tanto en el proceso de investigación de las causas como posteriormente en los debates orales.

Entre otros temas que revelan en el largo comunicado, las y los fiscales dejan entrever un contexto realmente complejo para la comunidad en general, ávida de justicia y del fin de la impunidad para delitos que se ven a diario por redes sociales y medios de comunicación. “La posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada”, enfatizan, y agregan: “máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales -tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas-, así como de insumos”.

Cuerpos periciales disminuidos, fechas para la realización de análisis para los que hay que aguardar meses y que exceden largamente los plazos normativos, y la falta de cobertura de cargos frente a quienes se retiran de la función activa son algunos de los inconvenientes que desde la Asociación de Fiscales alertan. “En el marco de un sistema que estructuralmente era deficiente, operó un incremento exponencial de procesos penales que no fue acompañado de manera proporcional con la asignación de los recursos necesarios para abastecer tal demanda”, indicaron.

Para cerrar, expresaron que, si bien son conscientes de “los problemas financieros de la provincia y de las dificultades económicas derivadas de la pandemia, la relevancia social que nuestra actividad conlleva impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar”.

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