Sunday 17 de October, 2021

Escándalo: investigan un robo hormiga en el depósito de armas de la UTOI en Puente 12

El hecho se descubrió durante un procedimiento policial en Quilmes, donde los investigadores secuestraron una pistola que debería haber estado guardada para ser usada por la Policía. El caso es un verdadero misterio y puso en alerta a las autoridades.

Una de las armas incautadas en manos de delincuentes durante un allanamiento en Quilmes debió haber estado en el depósito de la UTOI (foto ilustrativa)

Peculado. Esa es la figura legal que se investiga y que ya causa un dolor de cabeza a las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Es que se detectó un faltante de 14 armas del depósito de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Puente 12, partido de La Matanza, y la justicia ya investiga qué pasó.

Fuentes oficiales confirmaron en estricto off a Primer Plano Online el hecho y la pesquisa para intentar determinar lo ocurrido. Además, que todo se inició con el secuestro de una pistola durante un procedimiento realizado en Quilmes, que al realizar el cotejo se determinó que había salido de ese depósito, en donde se guarda un arsenal para uso de la fuerza de seguridad.

En principio, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron a este medio que todavía no se determinaron responsabilidades. Por el momento, los efectivos a cargo de la armería están aportando los libros de ingreso y egreso del armamento del lugar. Una duda carcome por estas horas a las autoridades políticas: ¿con qué finalidad salían esas armas de allí sin la debida autorización?

En concreto, la investigación está orientada a comprobar si hubo malversación de caudales públicos, que está contemplada en el artículo 261 del Código Penal, que indica que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

Asimismo, se establece que “será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”. Pero para llegar a esa imputación a los responsables del depósito la justicia deberá constatar cómo salieron las armas del lugar, y también determinar si hubo delitos en el posterior uso.

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