En lo que fue un nuevo capítulo de la guerra abierta que se declararon mutuamente el Municipio de Hurlingham y la multinacional Rousselot, instalada en Villa Tesei, ayer representantes de la empresa acudieron al palacio comunal a mantener una audiencia con el juez de Faltas Rafael De Francesco, que la semana pasada ordenó la clausura de la planta ubicada sobre la Avenida Vergara.
Mayúscula fue la sorpresa del encargado de control de efluentes de la firma, Leandro Molina, y del abogado cuando, al llegar al edificio de la intendencia se encontraron con que la reunión, en rigor, iba a ser a puertas abiertas en el salón oval con la presencia de vecinos. Luego de manifestar su desagrado por la situación, se acordó que los habitantes de la zona que desde hace décadas peticionan contra la empresa iban a quedarse en la sala pero sólo para escuchar lo que se hablaba, sin poder emitir opinión ni sacar fotos o filmar lo que allí se dijera.
Según pudo reconstruir Primer Plano On Line, el descargo de la fábrica de gelatinas Rousselot es que ellos no estaban en falta y que habían presentado toda la documentación a las autoridades competentes: precisamente, apuntaron con su crítica al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA). A modo de descargo, leyeron ante el juez cerca de 70 páginas en los que resumieron todo lo realizado hasta el momento a modo preventivo para evitar las emanaciones, e incluso hablaron de lo que llamaron una “barrera ambiental”.
Posteriormente, el juez les informó que la firma no contaba con el certificado de aptitud ambiental que exigió la Corte Suprema de Justicia de la Nación a todas las empresas en el conocido Plan Integral de Saneamiento Ambiental, cuyo objetivo se resume en la idea de que para poder recomponer un ambiente sano para las generaciones futuras es necesario dejar de contaminar.
Ese papel la empresa Rousselot no lo tiene, o mejor expresado lo tiene vencido desde 2013, y es técnicamente imposible que pueda conseguirlo en el plazo que determinó el juez De Francesco: de ayer martes al viernes próximo. Por el momento, la clausura preventiva que dispuso el Municipio está en plena vigencia y la planta está, literalmente, paralizada.
Una vez que los representantes de la firma se retiraron del lugar, el intendente Juan Zabaleta se acercó hasta el salón y escuchó la explicación que le brindó el magistrado de Faltas, también en presencia de los vecinos. No hubo declaraciones públicas ni ninguna posición oficial respecto del cónclave: fuentes cercanas al mandatario aseguraron a Primer Plano On Line que van a esperar para saber cuál es el camino que recorrerá la multinacional hasta volver a verse las caras en 72 horas.
En rigor, hay una noticia contundente que se desprende del cónclave de ayer: los caminos de recurrir a la justicia ordinaria se acotan, dado que al no contar con el certificado de aptitud ambiental, una exigencia de la Corte Suprema, están violando normativas vigentes. Entonces, sí o sí, es de esperar que, de una vez por todas, la Rousselot se ponga a derecho en cuanto a las normativas ambientales.
Dice la actualización hecha en 2016 del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA): “En forma transversal, dejar de contaminar supone una redefinición, un establecimiento de límites y la obligación de cumplir la normativa; al tiempo que abre nuevos escenarios para revisar la legislación existente y ponerla al servicio de parámetros renovados a plasmar. Sea sobre vertidos, emisiones, existencia de basurales o contaminación del suelo, este camino implica actuar directamente sobre los principales focos de contaminación. Porque mejorar la calidad de vida, prevenir el daño futuro y dejar de contaminar son todas variables que se retroalimentan”. Es el tiempo indicado para hacerlo.
Muy bien por la postura y firmeza del Municipio. Cuidar a los vecinos es un mandato que debe ser respetado. Juan Zabaleta es un ejemplo de gestión. No como las autoridades provinciales y nacionales.