Diez personas en total, ocho integrantes de la Policía bonaerense de aquel entonces y dos civiles, estarán sentadas en el banquillo cuando llegue la hora del juicio por el crimen del comerciante Diego Roda, asesinado el 12 de septiembre de 2016 en Ituzaingó, cuyo asesinato primero se pensó que era un hecho de inseguridad hasta que luego se comprobó que fue un caso de gatillo fácil.
Dos agentes de la Policía Local de aquel momento, Fernando Aníbal Grané y Gerardo Gabriel San Miguel, están acusados de ser los autores materiales de la balacera que acabó con la vida del verdulero y de haber disparado las balas que hirieron a su mujer, Virginia Tueso. Como se recordará en aquel vehículo, un Volkswagen Vento, también viajaba el pequeño Pedro, hijo de la pareja que apenas tenía doce días de vida.
Pero la investigación realizada por el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, determinó también que, alrededor del sangriento hecho, hubo una cadena de complicidad que intentó ocultar la verdad, de la que fueron parte, según su acusación, jefes policiales, compañeros de los señalados como autores de las balas fatales y hasta dos vecinos que inventaron una historia para ayudar a la versión oficial inicial que procuraba impunidad.
La historia del crimen que aún conmueve a un pueblo ya fue contada en reiteradas oportunidades por este medio, que fue el que reveló que a Diego Roda lo había matado la Policía. Todo comenzó con el robo de una camioneta Peugeot Partner Patagónica en Caseros cuyos ladrones, tras una persecución y hasta un enfrentamiento con los uniformados en el trayecto, terminaron abandonando en la calle Aguaribay, entre Saldán y El Delta de Villa Ariza.
Entonces los delincuentes fugaron a la carrera, pero un dato nunca pudo establecerse con certeza, y fue la dirección hacia la cual huyeron. Pasados 50 segundos llegó a ese lugar una comitiva policial integrada por Grané, San Miguel, la agente Camila Pazos y su compañero Maximiliano Ramos, integrantes de la Policía Local de Ituzaingó. Revisaron la camioneta y, al no hallar a sus ocupantes, Grané y San Miguel fueron en busca de ambos mientras que Pazos y Ramos se quedaron al lado del rodado.
En esas circunstancias los efectivos fueron advertidos de que los malvivientes huyeron por la calle El Delta, desde donde a la altura del 2.300 salía Roda con su esposa e hijo de la casa de su suegra. Según quedó probado en la investigación, los policías dispararon al menos cinco veces contra la humanidad del comerciante: tres con el arma de San Miguel y las otras dos con la de Grané.
El verdulero recibió un tiro en la región lateral del hemitórax derecho, otro en región escapular izquierda y dos en la región deltoidea izquierda, que determinaron su muerte en el Instituto Médico Central, a donde fue llevado de urgencia. Su mujer, en tanto, sufrió dos heridas de bala en el antebrazo derecho.
LA CADENA DE ENCUBRIMIENTO
Desde el momento en que los policías se dieron cuenta de lo que habían hecho se inició una cadena de complicidades internas en la fuerza que intentó, como única finalidad, ocultar la verdad. Toda la responsabilidad apunta a las autoridades de la comisaría 2ª de Villa Ariza de aquel tiempo (2016) y a pares de los por entonces uniformados Grané y San Miguel, actualmente detenidos.
Según la instrucción del fiscal Tavolaro, ya concluida con la causa elevada a juicio, aún sin fecha, “un grupo de personas, la mayoría de ellos funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se determinaron a encubrir el hecho” con el objetivo de que puedan “sustraerse a la acción de la justicia”. Para eso, “callaron, falsearon, mintieron y/o omitieron la verdad”, incluso con “chivos expiatorios” en favor de los mencionados acusados.
Entre otras cosas, la investigación apunta al comisario Daniel Fernando Pérez, titular de la mencionada dependencia. “Se encargó de coordinar con todo el personal de la dependencia bajo su mando -con el consentimiento de estos- el modo en que se iban a labrar las actuaciones, relatos a plasmarse en las mismas, con un único fin, ocultar la verdad a la justicia”, indica la acusación que le imputa Tavolaro. La misma calificación le cabe al oficial de servicio Sergio Fabian Andrés Barrientos.
Al jefe del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría, Diego Agustín Carreiras, además de la falsedad de sus dichos le imputan la “falsa acusación” contra tres jóvenes del barrio a los que sindicó como autores del crimen, para lo cual además “instigó los falsos testimonios” brindados por los dos civiles implicados en la causa y que también irán a juicio: Alejandro Tomas Salomón y Johana Belén Vukman.
Para llevar adelante el plan, “Carreiras con la participación necesaria del oficial Maximiliano Duarte” realizaron un acta, también comprobada luego como apócrifa, en el que indicó que se encontraban realizando tareas de inteligencia encubiertas, y se les acercó una moto para indicarles quiénes eran los asesinos de Roda. Por supuesto, todo una mentira para desviar la pesquisa e impedir el esclarecimiento.
Por último también están involucrados como parte de la cadena de encubrimiento la oficial Camila Pazos y su compañero Maximiliano Ramos, quienes se quedaron al lado de la camioneta Partner que descartaron los delincuentes pero luego, en sus relatos sobre lo ocurrido, “ocultaron la verdad de lo ocurrido a la justicia”.
TODAS LAS PERSONAS QUE ESTARÁN EN EL BANQUILLO
–Fernando Aníbal Grané: acusado de homicidio agravado por haber sido cometido por personal de una fuerza de seguridad abusando de su función reiterado -2 hechos-, uno en grado de tentativa y falsedad ideológica
de documento público, todos ellos unidos materialmente entre sí.
–Gerardo Gabriel San Miguel: homicidio agravado por haber sido cometido por personal de una fuerza de seguridad abusando de su función reiterado -2 hechos-, uno en grado de tentativa y falsedad ideológica de documento público, todos ellos unidos materialmente entre sí.
–Comisario Daniel Fernando Pérez (jefe de la comisaría de Villa Ariza en 2016): acusado del delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio, unidos materialmente entre sí.
–Sergio Fabian Andrés Barrientos: acusado de encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio, unidos en concurso real.
–Diego Agustín Carreiras: imputado por encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falso testimonio agravado reiterado -dos hechos- instigación a cometer falso testimonio agravado reiterado -cuatro hecho- y falsedad ideológica de documento público reiterada -dos hechos-, todos ellos en concurso real entre sí.
–Alejandro Tomas Salomón (civil): encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado reiterado -dos hechos-, unidos materialmente entre sí.
–Johana Belén Vukman (civil): encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado reiterado -dos hechos-, unidos materialmente entre sí.
–Camila Fernanda Pazos: encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falso testimonio y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real entre sí.
–Maximiliano Gastón Ramos: encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falso testimonio y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real entre sí.
–Maximiliano Duarte: partícipe necesario en la comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público.
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