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viernes, marzo 29, 2024
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¿Felices los Niños? El actual director resiste la intervención liquidadora y provincia ratifica que la ONG no va más

La polémica en torno a la situación de la fundación Felices los Niños sigue dando que hablar. A una semana de su detención por 24 horas, el director de la entidad, Juan Manuel Casolati -quien fue llevado a prisión por instigación a cometer delitos y resistencia a la autoridad-, reiteró que su gestión ha presentado los balances exigidos en tiempo y forma, incluso algunos de ellos correspondientes a períodos anteriores a su responsabilidad, mientras que la provincia de Buenos Aires da por finalizado el debate y considera que la situación de la ONG no da para más dadas las reiteradas advertencias para que se normalice la documentación exigida a todas las sociedades civiles que reciben fondos públicos del Estado.

En conversación con Adrián Noriega y el panel de periodistas del programa Primer Plano Recargado, Casolati graficó que sólo recibieron en la fundación dos advertencias previas exigiendo la documentación adeudada, de las cuales la primera fue recibida “por un empleado infiel que nunca nos avisó”. “La segunda advertencia llegó a manos nuestras. Nos presentamos en diciembre de 2016 en Personas Jurídicas de La Plata, nos disculpamos por la anterior intimación no cumplida y le contamos que estábamos trabajando en el saneamiento de la entidad de tipo institucional porque ya habíamos cumplido con el más importante, que era el humano”, explicó.

Habló también de animosidad, afirmó que existe “un actuar negligente” de parte de las autoridades, y contó que hace seis meses que la provincia no les paga las becas para los chicos que atienden en el hogar convivencial de la fundación. Todos estos aspectos están incluidos en una denuncia contra el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y la titular del área de Niñez y Adolescencia bonaerense, Pilar Molina, en una causa que se tramita ante la justicia de Morón.

Pese a esas explicaciones, la provincia de Buenos Aires avanzó igual con la intervención liquidadora de la fundación, y designó a tres interventores para realizar un inventario de todo lo que existe como patrimonio en el predio de 67 hectáreas ubicado sobre la calle Gorriti al 3520, en Hurlingham, para realizar un informe detallado y en un plazo de 180 días dar por concluida “su existencia”. La nota, cuya fecha de emisión fue el pasado 8 de junio, está firmada por el director provincial de Personas Jurídicas, Leonardo Jakim.

Casolati reiteró su convicción que detrás de la decisión administrativa hay un negocio inmobiliario. “Empecé a ver en internet qué hace el Estado con los terrenos que recupera, y comprobé que los vende y los convierte en emprendimientos inmobiliarios. Casualidad: Leonardo Jakim es hijo de un emprendedor inmobiliario”, sentenció el actual director de la fundación conducida antiguamente por el sacerdote Julio César Grassi. “Hay algo que me lleva a pensar que detrás de esto no hay una decisión que tenga que ver con la mejora en la vida de la niñez: si se interviene por desmanejos contables deberían intervenir y normalizar, pero no. Se interviene al sólo efecto de su liquidación”, cerró.

LA VOZ PROVINCIAL

Pilar Molina, directora provincial de Niñez y Adolescencia, fue contundente al asegurar que la fundación “ya no podía cumplir el objeto social que la define como tal”, y defendió la actuación del Ministerio de Justicia frente a la situación de la ONG de Hurlingham.

“Hay mucha documentación faltante desde el año 2008 en adelante. Habrán hecho alguna presentación como parte del proceso de intimación, pero no alcanzó para transparentar el funcionamiento de la institución, que ya lleva muchos años sin poder normalizarse”, indicó la funcionaria bonaerense en conversación con el panel de Primer Plano Recargado.

Asimismo, enumeró que Felices los Niños adeuda balances e instrumentos jurídicos “que se le piden a todas las organizaciones que están constituidas para satisfacer el bien público y llegar a quienes más nos necesitan”, al tiempo que le consta que no hubo nada más que dos intimaciones a la entidad sino que había incluso permisos “llamativamente cortos” de 15 días para su funcionamiento. “Fueron muchísimos llamados de atención. Asumieron una serie de compromisos en diciembre y al mes de abril no habían cumplido con ninguno”, finalizó Molina.

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