Monday 16 de May, 2022

EXCLUSIVO Grave denuncia contra una fiscal y jueces de San Martín en una causa por trata de personas sexual y venta de drogas

Abogados de las partes en litigio consideran que existe una cadena de complicidades que no hizo cesar los delitos denunciados, que ameritaron una serie de allanamientos en 2019 en un edificio de Ciudadela. Ahora exigen la intervención de un órgano independiente para garantizar objetividad en la investigación.

Las imágenes del allanamiento realizado en 2019 difundidas por la Policía Federal: hoy la causa va camino a convertirse en un escándalo

EXCLUSIVO DE PRIMER PLANO ONLINE: dos camaristas, una jueza de Garantías y una fiscal del Departamento Judicial de San Martín acaban de recibir una denuncia para que se investigue su actuación en una causa por explotación sexual de mujeres y comercialización de estupefacientes.

La presentación tiene su origen luego de un allanamiento dispuesto por la jueza de Garantías Elena Gabriela Persichini Marco a pedido de la fiscal Vanesa Silvana Leggio, quien anteriormente fuera secretaria en el juzgado a cargo de la mencionada magistrada. En la causa 8380-18 se realizó el allanamiento en la calle D´Onofrio al 200 en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en donde se logró la detención e imputación de varias personas, que tuvo visibilización en distintos medios de comunicación.

Las personas que atestiguaron en la causa fueron claras: después del allanamiento, se seguía ejerciendo la prostitución y vendiendo cocaína en el lugar. Pero el que manejaba el “negocio” después de la medida judicial no era la persona que había sido detenida sino un nuevo personaje descripto con nombre y apellido. Es decir, se detuvo al sospechoso, pero no cesó el delito en cuestión.

Luego del procedimiento judicial se presentó el titular del edificio, de apellido Camarena, con las escrituras que acreditan su titularidad, peticionando a la justicia que le permita disponer de sus departamentos para cerrarlos. Sin embargo, pese a sus insistentes peticiones, la causa tuvo una decisión que fue la orden de detención en su contra, sin elementos y sólo por ser el titular.

La jueza (ex jefa de la fiscal) dispuso detener al dueño del inmueble, fundando la medida en el riesgo procesal que se encontraba demostrado debido a que no se lo halló en el domicilio aportado en sus escritos iniciales. Lo que la defensa de Camarena argumenta es que el domicilio que utilizó la jueza jamás había sido esgrimido por el sujeto sino que «fue inventado» por la magistrada al momento de disponer el allanamiento en su contra. Por ese motivo, porque lo fueron a buscar a un domicilio que no le pertenece, lo declaran en rebeldía con la justicia.

Estas dos causas se encuentran prácticamente trabadas, sin avances en la Fiscalía Nº 9 de San Martín. La explicación formal brindada a las partes en litigio es que “en nuestro país la prostitución no es un ilícito”, según informaron fuentes con acceso al expediente a Primer Plano Online. Todo esto ocurre «ante la completa inacción del Fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, y de toda la cadena judicial encargada de evitar la comisión de ilícitos», completaron.

Recientemente hubo un nuevo giro en el expediente esta semana con el inicio de una denuncia penal contra los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de ese Departamento Judicial, Jorge Andrés Álvarez y Mariano Andrés Porto, que quedó radicada ahora en la Fiscalía Nº 8 de delitos complejos de San Martín bajo el número de IPP 15-00-12846-22.

“No podemos tolerar ningún tipo de impunidad por parte del aparato estatal. Siempre que se advierta un incumplimiento en los deberes de un funcionario público hay que denunciarlo”, enfatizó Castro Bianchi, abogado de una de las partes implicadas en la investigación. Su cliente, que trabajaba en el edificio como portero, está procesado en esta causa que se encamina a ser un escándalo. Si bien el letrado prefirió no referirse al caso concreto, expresó que “si yo estuviera en el lugar de los denunciados estaría más que preocupado”.

El resto de los abogados denunciantes también prefirieron esperar a que el escrito llegue al órgano de enjuiciamiento de magistrados y que las tres denuncias puedan unificarse para ser investigadas por una Fiscalía que sea ajena a San Martín para garantizar objetividad en la intervención. Coinciden los denunciantes en que, de demostrarse los hechos invocados, más de un funcionario judicial debería recibir el mismo trato que dispensan a los imputados. Es decir, la detención primero y su posterior destitución es el único camino a seguir.

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