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viernes 6 de diciembre, 2019

Alerta por el recorte en el transporte para personas con discapacidad: podrían interrumpir el servicio en el corto plazo

El reclamo lo están haciendo oír los conductores de vehículos que trasladan a chicos a instituciones educativas y de rehabilitación. Primer Plano Online recogió el reclamo de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (ATAECADIS).

Transporte para discapacitados
Los transportistas que trasladan a chicos y adultos con discapacidades reclaman que el Gobierno les pague la deuda

En tiempos de ajuste, hay situaciones que no paran de sorprender. Y que reflejan lo delicado del manejo social que está haciendo el Gobierno nacional en su plan para intentar llegar a cumplir su compromiso de déficit cero acordado con el Fondo Monetario Internacional. En el medio, como siempre, la gente, sobre todo los sectores más vulnerables.

Primer Plano Online recogió el reclamo de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (ATAECADIS), cuyo referente regional es Hernán Arana, un vecino de Morón que se dedica a trasladar a personas -en su mayoría niños y jóvenes- con discapacidad a los lugares que frecuentan, ya sea por cuestiones educativas o de rehabilitación.

¿Cuál es el conflicto? Según describió el transportista, el Gobierno nacional mantiene congelados los montos que paga por el servicio desde octubre de 2017, pese a que sólo el valor del combustible creció más del 50 por ciento, e incluso abona el servicio a cuentagotas. Por caso, el último monto que percibieron fue en abril, y con una quita del 40 por ciento. El valor del kilómetro que paga la Agencia Nacional de Discapacidad se mantiene en 16,47, idéntico que hace un año atrás.

Transporte para discapacitados
La semana pasada, los transportistas acompañaron la marcha contre en recorte en pensiones a personas con discapacidad al Congreso nacional

“En octubre del año pasado (2017) fue el último aumento que recibimos en el valor del kilómetro. Eso nos afecta no sólo a nosotros, que llevamos y traemos gente con vehículos especialmente adaptados, sino también a los profesionales y a las instituciones”, describió Arana. ¿Por qué? Hay transportistas que, por los costos y la deuda, ya no pueden brindar el servicio. Eso hace que se limite el círculo virtuoso: los pacientes no llegan a las instituciones, que no brindan la atención a través de sus profesionales y nadie cobra. Eso sí: siempre los primeros y más perjudicados son aquellos que necesitan el servicio, o sea, las personas con capacidades diferentes.

“Nosotros somos contratados por los padres y le facturamos a las obras sociales. También hay un porcentaje de personas de bajos recursos a quienes el Estado, a través de Incluir Salud, otorga ese servicio. Pero justamente Incluir Salud no sólo que tiene un fuerte atraso en los pagos, sino que nos ofrecen quitas de los pagos que nos dieron y nos ofrecen liquidar con quita los pagos que vienen”, continuó Arana su descripción del momento que atraviesa el rubro.

Eso sí: mientras no cobran, los transportistas, como Responsable Inscripto y exentos por el tipo de actividad que realizan, no se pueden atrasar con el pago de sus obligaciones al Estado. “A mí me debe el Estado, pero yo al Estado no le puedo deber. Así es imposible aguantar”, cerró Arana, que encabeza la campaña de difusión de esta problemática en la región oeste a la espera de una respuesta de las autoridades que, por el momento, no recibieron como sector. La queja puede sintetizarse en el pedido del pago de la deuda, un reajuste en los aranceles que perciben y que el Gobierno evite que el recorte llegue al área de discapacidad.