Friday 23 de October, 2020

Informe: durante el gobierno de Macri hubo 1.521 extranjeros expulsados del país, de los cuales 156 fueron en territorio bonaerense

El Departamento Judicial Morón es uno que más acuerdos firmó con condenados por diversos delitos. Los jueces informan a Migraciones sobre las situaciones irregulares de ciudadanos de otros países en la Argentina.

Extranjeros detenidos
Los extranjeros involucrados y con sentencia están en condiciones de ser expulsados del país

Un informe especial elaborado por las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones a pedido de Primer Plano Online indica que en el período 2016-2018 se concretaron en la provincia de Buenos Aires un total de 156 expulsiones, mientras que el total país en ese lapso fue de 1.521.

Se trata de deportaciones de personas que asumieron, ante jueces y fiscales, su culpabilidad en determinados delitos cuyas penas no necesariamente son de cumplimiento efectivo. En la mayoría de los casos, a través de juicios abreviados, la justicia interviniente dio la información a la autoridad migratoria, que evalúa si las personas implicadas ingresaron de buena fe al país y tenían vencido su permiso de permanencia.

Un ejemplo concreto en el Departamento Judicial Morón es el que protagoniza la banda de peruanos y colombianos que cometía escruches en Castelar y fue desbaratada tras una investigación judicial. Se trata de una organización delictiva integrada por al menos des mujeres que actuaban como “campana”, es decir, marcaban viviendas en barrios de esa localidad del distrito de Morón en las que no había movimiento. La mayoría de los arrestados en esa causa tienen antecedentes en el país por diversos delitos y están próximos a ser expulsados.

LA INFORMACIÓN DEL CASO DE LA BANDA DE PERUANOS Y COLOMBIANOS:

http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2018/05/21/investigacion-exclusiva-desbarataron-dos-bandas-colombianos-peruanos-robaban-casas-castelar/

“La mayoría de ellos ingresó como turistas al país, con carácter transitorio, y poseían vencidos sus permisos de estadía”, explicó una fuente judicial a Primer Plano Online. Pero, además, ya habían cometido otros delitos por los que resultaron condenados o al menos implicados en un proceso penal como imputados.

Son siete en total los integrantes de esa organización que ya aceptaron el proceso de extrañamiento o están en camino de hacerlo. Se trata de una figura reconocida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, quienes rechazaron el recurso de la defensa de un condenado que pretendía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley de Migraciones.

Así, por unanimidad, el tribunal ratificó la validez constitucional de la normativa en cuanto regula las condiciones de expulsión de los extranjeros que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad. Para que proceda el extrañamiento de un ciudadano extranjero que ha sido condenado en nuestro país, la ley 25.871 (de Política Migratoria Argentina) establece como requisitos que el encartado haya cumplido la mitad del tiempo de la condena y que no tenga otra causa abierta en la cual interese su detención o una pena pendiente.

El extranjero expulsado tiene prohibido regresar a Argentina hasta tanto cumpla por completo el tiempo de permanencia en el exterior fijado por el magistrado competente al pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del extrañamiento; un término que, de no ser permanente, en ningún caso podrá ser inferior a cinco años (elevado mediante decreto 70/17 a ocho años para los delitos dolosos), y que se graduará según la importancia de la causa.

LA BANDA DE LOS ESCRUCHES EN CASTELAR

En todos los casos, la justicia ofrece a los imputados la posibilidad de ser sometidos a un juicio abreviado, para lo que se requiere la confesión del delito cometido y una demostración de arrepentimiento demostrado, siempre ponderando como agravante los daños sufridos por la víctima. A partir de ese proceso judicial, la Dirección Nacional de Migraciones es notificada de la sentencia y determina qué hacer.

En 2018, tras una investigación de la Fiscalía Nº 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo, y del Juzgado de Garantías Nº 5, cuyo responsable es el juez Jorge Rodríguez, la banda de colombianos y peruanos fue desbaratada luego de ingresar a, por los menos, dos viviendas de Castelar. Desde entonces sus integrantes están presos a la espera de una resolución de sus casos. Ellos son:

-Freddy Escudero Segura (47 años, colombiano): fue imputado como coautor del delito de robo agravado por perpetrarse en poblado y en banda en grado de tentativa y asociación ilícita en concurso real entre sí. Si bien no tenía antecedentes, certificó un domicilio temporal ante las autoridades judiciales, con lo cual tiene facilidad para abandonar el país. En un juicio abreviado aceptó su extrañamiento luego de recibir la pena de cuatro años de prisión.

-Marco Pierre García Osoria (25 años, peruano): están justificados el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio por los antecedentes que posee, según los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y del Ministerio de Seguridad bonaerense. Tenía un procesamiento previo sin prisión preventiva por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado por ánimo de lucro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, a la justicia se le hizo imposible certificar su domicilio, ya que ninguno de los vecinos consultados refirió conocerlo. Está en camino de ser sometido a un juicio abreviado.

-Cristian Paul Santana Alanya (26 años, peruano): su peligro de fuga y entorpecimiento probatorio están demostrados por sus antecedentes penales. Es que había recibido, en 2017, la pena de seis meses de prisión en suspenso por el delito de robo simple en grado de tentativa. Todavía no abrevió, continúa detenido y está en condiciones de recibir la expulsión.

-Nuri Liliana Bautista León (25 años, colombiana): tenía antecedentes en la Fiscalía de Flagrancia de La Matanza en razón del delito de robo agravado por perpetrarse en poblado y en banda en grado de tentativa. El 22 de enero de 2018 fue condenada a un año y seis meses de prisión condicional. Aún no aceptó el juicio abreviado y está en condiciones de ser expulsada.

-Franco Alexander Velázquez (23 años, peruano): tiene antecedentes por robo agravado en poblado y en banda, con intervención de la UFIyJ Nº 2 de Mercedes. Con fecha 22 de agosto de 2016 recibió la excarcelación aunque luego no recibió sentencia condenatoria. También el sujeto se encuentra imputado en otra causa del mismo Departamento Judicial (a cargo de la UFIyJ Nº 6) en la que tampoco recibió condena. Pero por ambas imputaciones no podría recibir un veredicto condicional. Aún no abrevió y no cabe la deportación por ser naturalizado argentino.

-Piero González Salazar (25 años, peruano): no posee antecedentes pero aportó en la justicia un domicilio inexacto. Refirió vivir en la calla Salvigny, en Pompeya, pero en una numeración catastral que no existe. Aceptó un juicio abreviado, en el que fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso. Es naturalizado argentino.

-Natalia Muñetón Jiménez (22 años, colombiana): tiene antecedentes penales en Avellaneda por el delito de daño y resistencia a la autoridad en trámite. Además, al momento de ser detenida por el escruche en Castelar refirió de forma inexacta su nombre, nacionalidad y domicilio. Durante el proceso se hizo llamar Daniela y ser venezolana, aunque luego se certificó que era Natalia y colombiana. Aún no abrevió, y está en condiciones de extrañamiento.

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