Wednesday 18 de May, 2022

El jefe de los fiscales bonaerenses visitó Morón y aseguró que trabajará para modificar la doctrina de libertades laxas a delincuentes

Julio Conte Grand recorrió varias dependencias judiciales para reunirse con funcionarios, jueces, camaristas, asesores de incapaces y los titulares de las fiscalías de género. En una entrevista con Primer Plano On Line habló de su plan de gestión y de sencillo que resulta evitar que un procesado esté en prisión.

Delitos en provincia
Julio Conte Grand junto al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate

El procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, visitó el Departamento Judicial de Morón para recorrer varias dependencias y conocer, de boca de ellos mismos, el pensamiento de fiscales, jueces y camaristas, asesores de incapaces y responsables de las fiscalías de género cómo está funcionando el servicio de justicia en la región. La visita fue coordinada por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate; los fiscales adjuntos Karina Iuzzolino y Alejandro Varela; y la defensora general, Claudia Bonanata.

A los largo de las más de cinco horas que duró su paso se entrevistó con los responsables de diversas dependencias del Ministerio Público, incluso con aquellas especializadas en la temática de violencia de género e intrafamiliar, con magistrados y con los integrantes de ambas cámaras, civil y penal, en pleno. Durante los diálogos que mantuvo explicó a grandes rasgos cuáles serán los ejes de su gestión, que el martes próximo tendrán una presentación formal en el Teatro Argentino de La Plata de todo lo que serán sus desafíos al frente de la Procuración. Los funcionarios con los que se entrevistó le hicieron un diagnóstico de cómo ven el funcionamiento del Poder Judicial.

El nuevo jefe de los fiscales bonaerenses presentará su plan de gestión el martes próximo en La Plata

Posteriormente, en diálogo con Primer Plano On Line, Conte Grand repasó sus propuestas para modernizar y transparentar el Ministerio Público Fiscal en las cuatro áreas que lo componen, que son fiscalía, defensoría, asesoría y curaduría, de las estructuras edilicias y del sistema por el cual los funcionarios deberán presentar declaraciones juradas anuales, con un capítulo público y otro privado. Pero también tuvo un instante para reflexionar sobre el Código Procesal Penal y la necesidad de reformarlo. “Nuestro esfuerzo central, prioritario y de corto plazo, va a ser modificar ciertas líneas de doctrina judicial y jurisprudencial, aisladas pero muy graves, que permiten que las personas que están sometidas a proceso estén en libertad cuando no deban estarlo”, aseguró.

-¿Con qué realidad se ha encontrado?

 

-Con una realidad muy semejante a la de otros departamentos, con un perfil mejor en materia edilicia, aquí la situación está bastante mejor que en otros lugares desde el punto de vista de la amplitud de las oficinas y cierto equipamiento. Por supuesto que hay aquí algo que genera cierta preocupación y orden de prioridad en la gestión que es la titularidad dominial, que no es en general del Ministerio, y la titularidad de las relaciones jurídicas vinculadas a los inmuebles, que son dos objetivos que estoy siguiendo. También hay algunas necesidades respecto al personal, pero en general me encontré con un Departamento Judicial que está funcionando correctamente. No me voy de Morón con preocupaciones fundamentales.

-¿Está en sus planes la digitalización de las causas? Basta con transitar algunos despachos para observar pilas de expedientes apilados…

-Si. El próximo martes 7 de marzo he convocado al primer encuentro del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires para presentar primero a mi gente y luego al periodismo los lineamientos del plan de gestión 2017-2018 que serán la plataforma del plan de gestión que presentaremos en 2018 para la década que va hasta 2018. Uno de los ejes prioritarios es la informatización de los procedimientos, que tiene varios objetivos: uno es la transparencia, en tanto podamos volcar en documentos electrónicos y en expedientes digitales toda la gestión del Ministerio Público en sus cuatro áreas, que son fiscalía, defensoría, asesoría y curaduría. Con eso vamos a permitir que la ciudadanía tome nota de lo que estamos haciendo en tiempo real, no sólo en lo atinente al ámbito judicial sino en lo administrativo, como es el régimen de contrataciones y la afectación del gasto que hacemos. Otro objetivo es la despapelización, para lograr que se mejore la situación física en que trabajan las personas porque vamos a evitar que se abrumen de papeles y expedientes, y evitar lo que implica el traspaso de los expedientes de un edificio a otro en carretillas, en autos, camionetas. Eso es una cosa muy antigua. El proceso de informatización es un objetivo muy importante de la gestión, y vamos a ir estableciendo pasos para cumplir, entre otras cosas, la digitalización de los archivos, que también ocupan lugares impresionantes. Si logramos digitalizar todo eso nos va a descomprimir la situación a la brevedad.

-Pero eso va a depender del presupuesto con el que cuenten y de la contratación de personal especializado para hacer ese trabajo…

 

-Nosotros tenemos personal que está en condiciones de hacerlo, aunque seguramente vamos a tener que sumar alguna gente que colabore. No hay presupuesto afectado específicamente a estas actividades pero no va a ser un obstáculo el presupuesto, de alguna manera lo vamos a conseguir. El financiamiento de estas tareas de fortalecimiento institucional del sistema judicial y del Ministerio Público está y lo vamos a obtener, ya sea con vinculación a algunos organismos internacionales o algunos otros organismos de financiamiento. No es un dato que me quite el sueño el presupuesto; lo vamos a resolver.

-Más allá de lo que usted señala sobre el Departamento Judicial de Morón, que está en mejores condiciones que otros, ¿existe igual un plan de infraestructura?

-Efectivamente. El plan de gestión 2017-2018 prevé algunos objetivos vinculados a lo edilicio, entre los cuales se cuenta la posibilidad de, al año 2028, haber puesto en cabeza del Ministerio Público la titularidad de todos los edificios donde funcionen las áreas del ministerio, concentrar las cabeceras departamentales en edificios que contengan las cuatro áreas (fiscalía, defensoría, asesoría y curaduría), y dotar a las descentralizadas de edificios que también sean propiedad del Ministerio Público. Mientras tanto, el plan prevé etapas de cumplimiento sucesivas, con la selección de algunas departamentales prioritarias, que tienen edificios que comenzaron a construirse y se abandonaron por razones diversas, todas incomprensibles o algunas lamentablemente comprensibles. Los casos más visibles son los edificios de Lomas de Zamora o La Matanza, alguna situación pendiente en Junín y algunas otras que vamos a retomar con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, porque está previsto que por el monto de la contratación no la lleve a cabo el Ministerio Público ni el Poder Judicial sino el Ejecutivo. Ya hemos formado una mesa de trabajo para estas tareas, y el martes vamos a anunciar este plan de reforma edilicia, y una fuente de financiamiento muy importante para esto.

-¿Hay una decisión política de achicar las instancias de apelación para que haya sentencias de cumplimiento efectivo en la Provincia de Buenos Aires?

-Conozco las declaraciones del Poder Ejecutivo en ese sentido. No tengo dudas que hay que trabajar en la reforma y actualización del Código Procesal Penal en distintos segmentos y, entre otros, en el capítulo de los recursos, pero también quiero decir en forma muy categórica: el actual Código Procesal Penal no impide adoptar las decisiones judiciales que corresponda en cada causa penal para permitir que las personas, que prima facie han cometido un delito y están necesariamente en condiciones de ser mantenidas en situación de detención mientras dure el proceso, lo sean. De modo tal que, para ser muy claro afirmo: vamos a colaborar en el análisis de la reforma al Código Procesal Penal pero nuestro esfuerzo central, prioritario y de corto plazo va a ser modificar ciertas líneas de doctrina judicial y jurisprudencial, aisladas pero muy graves, que permiten que las personas que están sometidas a proceso estén en libertad cuando no deban estarlo.

-¿Va a prosperar su idea para que los fiscales presenten una declaración jurada anual?

 

-Sin dudas, es otro eje de gestión. Lo dije el 28 de diciembre, cuando asumí. Nuestro proyecto en este sentido está terminado, con declaraciones juradas anuales, con dos segmentos: uno público y otro privado por razones de secreto fiscal. Habrá actualización anual de la declaración jurada y con la posibilidad de que sean cruzadas con información de otras áreas públicas y privadas y de hacer un seguimiento de la evolución patrimonial para garantizar la máxima transparencia en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Ministerio Público. Eso está terminado, y ahora estamos a la espera de que la Suprema Corte concluya el análisis de su proyecto para poder sacar en forma conjunta una resolución en este sentido.

-¿Hay sospechas sobre funcionarios judiciales que hayan cometido hechos de corrupción?

-Yo no tengo sospechas, ninguna en particular. Si las tuviera hubiera realizado la denuncia penal, no sólo porque corresponde desde el punto de vista ético sino que también tengo la obligación legal como funcionario de denunciar cualquier episodio que, a mi juicio, implique la comisión de un delito. Pero no se trata de las sospechas que yo tenga. Se trata de articular esta decisión en un proceso de legitimación del Ministerio Público, de recuperación del prestigio del Poder Judicial para poder, una vez recuperado el prestigio, tomar la bandera de la transparencia real, no declamatoria, y avanzar en procurar la mejora de la seguridad en provincia, que es prioridad absoluta. Nosotros tenemos esta responsabilidad primaria.

-Usted también fue muy crítico de los convenios que muchos Municipios firmaron con diferentes Departamentos Judiciales porque puede afectar la independencia judicial. ¿Va a avanzar sobre eso, se van a anular?

-Los que se firmaron, se firmaron y a nosotros nos permiten hoy funcionar en espacios físicos que no tendríamos si no se hubiesen firmado. De ahora en más vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que se firmen estos convenios. El plan edilicio con miras al 2028 implica tener todo en cabeza del Ministerio Público. Ir, de a poco, dejando sin efecto aquellos convenios en la medida que vayamos consiguiendo nuestros espacios propios y desarrollar los lugares físicos que nos permitan ser los titulares de dominio. Este es un dato de la realidad, objetivo: cuando uno es titular del dominio del inmueble donde vive tiene una dosis de libertad en la actuación mayor que cuando no es titular. Esto pasa hasta en la vida particular.

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