A la docente Judith Viviani la asesinaron cuando llegaba a su casa de Directorio al 500, en el barrio Güemes de Haedo. Le dispararon a sangre fría en el intento de robo de su camioneta, una Renault Duster. Era la noche del 18 de febrero de 2017 y había frenado en la entrada a su domicilio para que su hijo le abra el portón e ingresar.
Un Citroën C3 frenó detrás suyo, y de allí bajaron dos ladrones, de los cuales uno se puso de su lado y el otro en la puerta del acompañante. El perro de la familia ya había salido a la vereda para recibirlos, y se tiró sobre uno de los malvivientes para defender a su dueña. Detrás de ellos estaba parado un auto que había acompañado a los Viviani para que la mujer guarde la camioneta y luego irse con el hijo de la maestra. Al ver la secuencia, ese coche salió rápido para escapar. En ese instante, uno de los asaltantes le disparó a la docente en la nariz.
“Mi hermana murió en mis brazos. Escuché los gritos, salí corriendo y ella estaba convulsionando. A los pocos segundos falleció”, le había contado Claudio Viviani a Primer Plano Online en una breve conversación telefónica. Es eso lo único que se animaba a expresar por entonces: un año antes del crimen de su hermana, pero por un ataque cardíaco, el marido de Judith, o sea su cuñado, también había muerto en sus brazos.
Cuatro años y medio después de semejante asesinato, la docente volvió a morir. En realidad, la justicia pudo poner las cosas en su lugar y evitar que dos inocentes paguen por un crimen que no cometieron. Lo que no pudo hacer, por culpa de una escandalosa investigación, es que los verdaderos asesinos paguen. “Es el delito más grave que tenemos y no podemos investigarlo así”, reflexionó en un alegato que conmovió hasta las lágrimas el fiscal del juicio, Alejandro Varela, quien pidió la “libre absolución” de Walter Alejandro Leivas y Luciano Leónidas Leguizamón, quienes llegaron al debate acusados de asesinato.
CRÓNICA DE UNA INVESTIGACIÓN ESCANDALOSA
Primer Plano Online presenció en exclusiva las varias jornadas en las que se desarrolló el juicio, en las que se ventiló un conglomerado de yerros o actos cometidos a propósito de manera grosera por parte de la Policía actuante y también del fiscal de instrucción, Fernando Capello, de la UFI Nº 2 de Morón.
Como es costumbre de este medio, el seguimiento de los casos es hasta el final, sobre todo cuando las cámaras se apagan y dejan de ser noticia. El debate oral y público se llevó a cabo en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Morón, cuya presidenta fue la jueza Mariana Maldonado, secundada por los jueces Claudio Chaminade y Juan Carlos Uboldi.
Aquella noche, si bien el episodio más sangriento fue el de Viviani, la banda había cometido un raid delictivo furioso, que incluyó el asalto a un fiscal en La Matanza y el intento de robo a un comisario, que alcanzó a refugiarse en su casa. Después del disparo a la docente se alejaron del lugar y, en paralelo, hubo otro robo, de un auto modelo New Beetle color blanco, en la esquina de Emilio Mitre y Chassainge, en Villa Sarmiento. Nada pudo vincular ese hecho con el crimen de Judith, sólo una investigación viciada de nulidad orquestada por la Policía.
Justamente ese último rodado fue la clave para desnudar lo corrupto de la investigación desarrollada. Es que ese vehículo apareció en cercanías de Fuerte Apache, justo en la puerta de la casa de Leivas, y lo que nunca se pudo establecer es si fue dejado allí por los delincuentes para “enfriar”, como se le llama en la jerga del hampa a estacionar el auto en algún lugar por unas horas hasta que la Policía cese en su búsqueda, o si alguien “lo plantó” ahí como parte de un plan macabro para convertir al joven como parte de la organización delictual.
VIDEO: LA SÍNTESIS DEL JUICIO
Durante el juicio se mostró un video en el que se ve con nitidez cuando un sujeto frena la marcha, apaga las luces, se baja y se retira del lugar, aunque la identidad de esa persona nunca se determinó. Pero acá surge una de las partes más escandalosas del debate. El comisario Gustavo Potenza, que en ese momento estaba a cargo de la comisaría 2ª de Haedo, salió a buscar junto a otro efectivo en zonas “calientes” a ver si ubicaban en New Beetle, un auto fácilmente identificable.
Siempre según la descripción policial, en la esquina de donde hallaron el rodado había un grupo de jóvenes tomando cerveza, quienes les dijeron que habían descendido del coche “cuatro o cinco pibes y se metieron en esa casa”. Señalaron la vivienda de Leivas, pero indagados sobre por qué no llevaron a atestiguar en sede judicial a esos muchachos, se excusaron en que se habían resistido.
A las pocas horas, justo al amanecer del día siguiente, la Policía se presentó en el lugar e intercepta a Leivas por la calle. Siempre según el relato policial, el joven salió corriendo, se metió en su casa y, sobre la mesa, los uniformados encontraron supuestamente un arma, un cuchillo, drogas, todos elementos “de dudosa procedencia”, según se determinó en el juicio. El muchacho fue detenido y trasladado a la comisaría 2ª de Haedo.
Un rato antes, Leguizamón y su pareja de entonces caminaban por el barrio con bolsas con alimentos y fueron interceptados por otro efectivo policial que realizaba una guardia en la zona. La pareja fue frenada e interrogada por el agente, y ambos resultaron detenidos. Dramática descripción de los hechos: el joven, analfabeto, morocho y vecino del barrio, quedó detenido porque su perfil daba con el de un supuesto delincuente. Tan vergonzoso como se lee.
La mujer recuperó la libertad pero el hombre quedó en la seccional. Con un agravante: el dueño del New Beetle fue a la dependencia policial a reconocer si era él quien le había robado, en donde no lo invitaron a realizar un reconocimiento: directamente le dijeron: “este fue el que le robó el auto”.
En ese momento firmó unos papeles que estaban prácticamente en blanco, según reveló en el juicio. Y es ahí, ante el tribunal, donde esa víctima contó que no puede reconocer a los delincuentes que le robaron porque “estaba muy oscuro” y “no les pude ver la cara”. Otra irregularidad manifiesta: alguien plantó su reconocimiento en rueda. Y, asimismo, la Policía se preocupó más por investigar el robo del rodado de alta gama que por esclarecer el crimen. Para el personal abocado a la pesquisa ambos hechos estuvieron vinculados.
La trama que se develó en el juicio, de todos modos, que el destinatario del accionar policial fue Leivas, por motivos que serán expuestos en otro artículo.
UN JUICIO POR LA VERDAD
“La única manera de destruir el estado de presunción de inocencia del que goza todo habitante de la nación, que emana del artículo 18 de la Constitución Nacional, es la prueba, no hay otra. Dos individuos que permanecieron más de cuatro años detenidos bajo la figura de la prisión preventiva y un particular damnificado, el hermano de la víctima: todos tienen derecho a saber por qué la Fiscalía arribó a la conclusión a la que arribó”.
Esa frase forma parte de una clase de derecho que expresó en su alegato el fiscal Alejandro Varela, quien estuvo a cargo de la acusación durante el juicio en el que se ventiló esta trama verdaderamente escandalosa, que tiene como protagonistas a un colega suyo (Fernando Capello) y a la Policía, representada en la figura del titular de la seccional 2ª de Haedo de entonces, el mencionado comisario Potenza.
“De la comisión de todos los hechos por los que Leguizamón se encuentra detenido, esta Fiscalía no tiene un solo elemento para acusarlo del crimen. Ingreso a la casa de Leivas va a ser motivo de investigación, porque el acta de procedimiento no coincide con el video”, señaló Varela. “Nada puede ser sostenido con la mínima objetividad. Por eso tampoco hay elementos para acusar a Leivas”, agregó, y concluyó: “vengo a retirar la acción penal contra Walter Alejandro Leivas y Luciano Leónidas Leguizamón por todos los delitos por los que vinieron acusados, requiriendo la libre absolución de ambos”.
Varias veces su alegato fue interrumpido por las lágrimas que le salían de sus ojos ante la impotencia que le provocó desnudar semejante trama. Es más: pidió que se investigue a futuro la comisión de delitos tales como la falsificación de documentos públicos, por fojas que aparecieron en el expediente con firmas que no corresponden con las originales de los testigos. Además, el allanamiento irregular y sin autorización realizado en la casa de Leivas y por qué “se perdió mágicamente dentro del patrullero” el celular del acusado, que nunca apareció y podría haber servido para establecer dónde había estado la noche del crimen de Viviani.
Fue notorio durante el alegato del fiscal Varela cómo la jueza Maldonado se manifestó atravesada por la emoción, que la hizo llegar hasta el llanto. Cuando terminó de escuchar esa exposición, visiblemente conmovida, miró a ambos imputados, les pidió disculpas por lo que atravesaron en todos estos años y decidió adelantar el veredicto. Así, el tribunal ordenó la liberación inmediata de Leivas y Leguizamón, más allá de que en los próximos días dictará la sentencia, que será la absolución de ambos.
Es para destacar el trabajo de los abogados de los dos imputados. Por un lado Fernando Cabrera, quien se vistió de investigador por la cantidad de elementos que sumó para probar la inocencia de Leivas, como varias cámaras de seguridad y entrecruzamiento de llamadas, y de Ricardo Malvicini, quien también aportó pruebas contundentes para demostrar que su cliente nada tuvo que ver con el asesinato de la docente. El segundo de los mencionados dos veces se quebró durante su alegato.
Pablo Carpanetto, por su parte, se desempeñó como defensor oficial de Leguizamón, y también tuvo que pedirle disculpas al tribunal durante su alegato, en el que se quebró no menos de cinco veces absolutamente conmovido por la trama que se logró desentrañar. La abogada de la familia Viviani fue la doctora María Inés Terrizzano, en representación del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia bonaerense.
Y lo más impactante de todo: un crimen impune, una familia que no tiene justicia pero que terminó abrazada con los dos inocentes que pudieron demostrar en el juicio que nada tenían que ver con aquello tan grave de lo que fueron acusados y que de a poco empiezan a recuperar sus vidas, luego de cuatro años en prisión. “Quiero que se haga justicia por este hombre (señalando al hermano de Viviani), y por esa señora, que ya no está más”, concluyó Walter Leivas, quien terminó siendo otras de las víctimas de un caso aberrante.
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