Monday 6 de February, 2023

La Cámara Federal excarceló a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa: ahora define Bonadío el monto de la fianza

La decisión alcanzada por los camaristas se basa en que a esta altura de la investigación y con la parte central del caso de los cuadernos elevada a juicio, ya no puede justificarse la necesidad de mantener a los imputados privados de su libertad.

Cristóbal López y Fabián De Souza
López y De Sousa estaban bajo prisión preventiva en el marco de expedientes vinculados a la causa de los cuadernos

La Sala I de la Cámara Federal ordenó excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en dos causas ligadas a los cuadernos de la corrupción. El juez de primera instancia, Claudio Bonadío, deberá ahora fijar la fianza para que la decisión se haga efectiva.

Según trascendió, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se basaron en la postura del fiscal Carlos Stornelli, quien avaló ambas libertades porque la causa no tiene riesgos procesales.

«La prueba que ha llevado a la adopción de este temperamento ya se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata- de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas», sostuvieron los magistrados en unos de los 4 fallos que emitieron los camaristas en la misma dirección y con los mismos fundamentos.

López y De Sousa estaban bajo prisión preventiva en el marco de expedientes vinculados a la causa de los cuadernos: una acusación es por lavado de dinero relacionada a un departamento ubicado en el mismo edificio donde suele quedarse la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando está en Buenos Aires y la otra es por cartelización de la obra pública, en la que fueron investigados más de 100 empresarios.

El 19 de septiembre los dos empresarios habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal 3 de esta capital en la causa Oil Combustibles, donde están siendo juzgados, acusados de desviar a otras actividades de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos.

La medida fue adoptada a partir de una petición de los abogados Fabián Lértora (López) y Carlos Beraldi (De Sousa), en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien sobreseyó a los dos imputados en un expediente donde se buscaba determinar si habían transferido acciones de sus empresas del Grupo Indalo cuando estaban inhibidos para hacerlo.