Monday 30 de November, 2020

La cara que más duele del ajuste: el transporte para niños, adolescentes y adultos con discapacidad otra vez en peligro

Es por el traspaso de la órbita nacional a la provincia de Buenos Aires, que ya avisó a los transportistas que abonará los servicios a 120 días de la entrega de la factura y con costos similares a los que se pagaban en 2017.

Transporte para discapacitados
La foto que ilustra este artículo es parte de la campaña iniciada por padres y transportistas para evitar que se corte el servicio

Miles de niños, adolescentes y adultos con discapacidad, beneficiarios del programa INCLUIR SALUD en todo el país, comenzaron el año sin poder acudir a las prestaciones que requieren. Esto ocurre porque la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de la resolución N°453/18, puso en vigencia la operatoria de traspaso de este servicio a las provincias para que cada una se haga cargo de su monitoreo y del pago de la prestación.

Entonces comenzó una negociación con cada una de las provincias, que debieron aceptar la decisión acompañada en el Presupuesto votado en el Congreso nacional. Pero justamente en esa decisión es el embrión del conflicto: la gran mayoría de los transportistas que presta el servicio en territorio bonaerense ya se reunió con funcionarios de la gobernación y rechazaron la propuesta de pago “por ser insuficiente para cubrir sus costos”.

Como sucedió a finales del año pasado, Primer Plano Online recogió el reclamo de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (ATAECADIS), cuyo referente regional es Hernán Arana, un vecino de Morón que se dedica a trasladar a personas -en su mayoría niños y jóvenes- con discapacidad a los lugares que frecuentan, ya sea por cuestiones educativas o de rehabilitación.

“La provincia nos ofrece pagar el valor del kilómetro a mucho menos de lo que hoy cobramos, que ya de por sí es muy bajo por los reiterados aumentos de costos que enfrentamos. En síntesis, nos quieren pagar el valor que se firmó a finales del año 2017, por lo tanto es absolutamente inviable aceptarlo”, describió Arana.

El transportista señaló además que en el convenio que les proponen firmar las autoridades provinciales el pago es “recién a los 120 días después de entregada la primera factura”. Incluso se establece una cláusula referida a que si los fondos que envía la nación no alcanzan para pagar la totalidad de la facturación, la provincia puede pagar “lo que le alcance y la diferencia la perdés”.

“Te imaginas que con todo esto antes de cobrar el primer mes ya te fundiste. Lo que estamos pidiendo es que se vuelva para atrás (es decir antes de esta resolución) o que se revean el convenio porque si no es imposible sostener la actividad”, especificó Arana.

Desde fines de diciembre se dejó de trasladar a personas, y ahora que comenzaron las clases hay varios casos en la región de estudiantes que no pudieron iniciar el ciclo lectivo por no poder trasladarse hasta sus respectivas escuelas. “Los familiares de las personas con discapacidad y las instituciones, denunciamos que la pérdida del transporte, trae como consecuencia la perdida de la prestación institucional, debido a la imposibilidad del traslado de los beneficiarios del programa a través del transporte público”, concluyó el transportista.

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