Sunday 28 de November, 2021

La Fiscalía pidió 50 años de cárcel para los acusados del ataque a la comisaría de San Justo

El alegato leído esta mañana contempla no sólo las consecuencias que padeció en su salud la oficial Rocío Villarreal, quien quedó parapléjica de por vida, sino la gravedad institucional que implica haber ingresado a tiros a una dependencia policial. Las defensas de los imputados pidieron la nulidad de la causa.

El juicio se llevó a cabo de manera semipresencial y pudo ser seguido por una plataforma virtual

El fiscal Ariel Speranza Rossi, a cargo de la acusación en el juicio contra los sospechosos de haber atacado a tiros la comisaría de San Justo en 2018 para liberar a un detenido, pidió hoy 50 años de prisión para los imputados. Esa es la estimación de pena realizada por el funcionario su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la Matanza, integrado por los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno. El 9 de abril a las 11 se dará lectura a la sentencia. 

La jornada se llevó a cabo en la Jefatura Departamental La Matanza de la Policía bonaerense, donde los ocho imputados fueron trasladados con un fuerte dispositivo de seguridad. Se trata de Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), Gonzalo Fabián D’Angelo (25), Daniel Alberto Rodríguez (33), Tomas Sosa (22), Sebastián Ariel Rodríguez (42) y la abogada Leticia Analía Tortosa (41).

La calificación elegida por el fiscal para todos los acusados a los que les pidió los 50 años como coautores fue la de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas criminis causae, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa.

El llanto de la oficial Rocío Villarreal, quien quedó parapléjica tras ser baleada en la comisaría de San Justo

En el caso de la letrada Tortosa -a quien se la acusa de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda-, el fiscal solicitó subsidiariamente que se la condene a 20 años si llegan a considerar que solo actuó como partícipe secundaria y, además, una inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de la abogacía.

En tanto, para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo (22), quien es primo de Bustamante, el fiscal pidió una pena de 6 años por “encubrimiento agravado”, ya que sólo quedó involucrado por haber hecho una falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado. Speranza Rossi habló de un hecho de “gravedad institucional”, que contó con una “planificación” y una “división de roles y tareas”.

Las principales evidencias mencionadas por Speranza Rossi fueron los videos de las cámaras de seguridad de la comisaría y del municipio y los mensajes de texto y audio recuperados de los celulares incautados al preso Aranda y a su mujer. En base a esas pruebas, afirmó que Daniel Rodríguez y Tomás Villamil (27) –un noveno imputado que se suicidó ahorcándose en el penal de San Nicolás estando preso por esta causa-, fueron los que entraron primero “arma en mano y efectuando disparos” a la oficina de los policías.

Luego, detalló que Sebastián Rodríguez y Sosa fueron los otros dos que también entraron a la seccional con una pinza corta candados, pero tuvieron que huir al empezar los disparos, y que D’Angelo, a quien apodaban “Schumi” por el expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, y debido a sus habilidades como conductor, era quien esperaba afuera como chofer en un auto Volkswagen Fox, mientras que Bustamante lo hacía en otro vehículo.

Como agravantes, el fiscal mencionó “la nocturnidad, la violencia y el desprecio demostrado hacia las víctimas”, el haber involucrado a un “menor lactante”, la utilización de atuendos policiales para generar “confianza y mayor indefensión en las víctimas”, el «daño ocasionado en la salud” de la mujer policía baleada y el haber “atentado contra una repartición pública”.

Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones «gravísimas» y la dejaron parapléjica en forma «permanente y definitiva».

La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos. Las defensas cuestionaron en sus alegatos los elevados pedidos de penas del fiscal, y pidieron nulidades, absoluciones por falta de prueba o condenas inferiores.

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