Monday 10 de August, 2020

Los jueces salieron a rechazar la amenaza de ser sometidos a juicio político por sus decisiones sobre arrestos domiciliarios

Es más: aportaron el dato de que la provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley mediante la cual el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, explicó que los magistrados que tomen decisiones de ese tenor sin consultar a las víctimas eran pasibles de sanciones.

La situación carcelaria, los arrestos domiciliarios, la política y la voz de las víctimas: una mezcla de miradas y de argumentos falaces para intentar de convencer

¿Quién miente y quién dice la verdad en este debate sobre los arrestos domiciliarios que ganó las tapas de los diarios y el humor social en los últimos días, a punto tal de despertar el espíritu cacerolero en medio de una pandemia como la que atraviesa la humanidad? En rigor, en análisis de una situación delicadísima se asemeja y mucho a una partida de truco, en donde todo vale, incluso la habilidosa mentira.

Se escuchan voces hace varios días de dirigentes políticos, de víctimas, de jueces, de abogados, y todos plantean una porción de la realidad que, según del lugar desde el cual se expresen, tienen sintonía con los hechos. Si fueran simplemente visiones contrapuestas de la realidad sería una fragmentación lógica y sana de la democracia, pero en rigor acá se tiran con mentiras incluso entre poderes del Estado.

Ahora, una semana después de la amenaza hecha por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, en torno a que los jueces que otorguen arrestos domiciliarios a condenados sin informar al Observatorio de Víctimas podrían ser pasibles de juicio político, salió a plantar posición el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

 

Con un documento de varios puntos, la entidad expresó su “rechazo a la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”. Y aportó un dato que hasta ahora no estaba en el debate público sobre el tema: la provincia de Buenos Aires no adhirió a la Ley Nacional de Víctimas (27.372), con lo cual esa norma no tiene aplicación fáctica en territorio bonaerense.

“El Colegio provincial promueve que se proceda a su adhesión legislativa, para que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derechos. Hemos solicitado a la Suprema Corte de Buenos Aires que todas las medidas cautelares de protección en favor de las víctimas sean prorrogadas, lo que fue concedido y está plasmado en la Resolución 20/12. Además, todas las sentencias definitivas son anoticiadas a las víctimas”, manifestaron los magistrados firmantes del documento.

Desde la entidad también cuestionaron la superpoblación carcelaria. “Hoy todavía hay 45.000 internos para 24.000 lugares”, especificaron. “Los datos son contundentes: las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual nos desempeñamos”, agregaron.

“Este desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales. Y puede generar responsabilidad del Estado. Las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”, afirmaron los magistrados nucleados en la entidad.

Asimismo, aclararon que “las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso. Todas estas decisiones son recurribles por las partes. El Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad, puede apelarlas y promover la revisión de cada decisión”.

Por último, señalaron que tenemos la tasa de prisionización más alta del país, lo que significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en cualquier otro punto de Argentina. La vocación de los magistrados y funcionarios bonaerenses es solucionar pacíficamente las controversias, poner límites a los abusos y evitar que los delitos queden impunes”.

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