Monday 18 de January, 2021

Magario ganó la pulseada judicial: un amparo prohibió la radicación del Mercado de Hacienda en un predio de La Matanza

El Juzgado Federal N° 2 de San Martín frenó el avance de las obras del traslado del Mercado de Haciende de Liniers a terrenos de la localidad de Aldo Bonzi, en La Matanza. Así, la Justicia hizo lugar al amparo solicitado por la intendenta Verónica Magario, quien había solicitado que se impidiera la radicación en su distrito.

No al Mercado de Hacienda en La Matanza: la intendenta advirtió sobre los problemas ambientales que generaría para los vecinos de su distrito

La idea del traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a La Matanza, comenzó el 7 de octubre de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri a través de la Scretaría de Comercio de la Nación, el gobierno de María Eugenia Vidal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instruyeron por escrito y de manera reservada a las autoridades del Mercado Central para que avancen en tal sentido, lo que derivó en la firma de un convenio el 4 de julio de 2017.

Fue entonces cuando la intendenta Magario decidió emprender la acción judicial que le dio la derecha ordenando “la suspensión de toda obra que altere el inmueble”, y que “en el plazo de 5 días, la Corporación del Mercado Central, el Ministerio de Agroindustria, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Mercado de Hacienda de Liniers brinden la información respecto del interés público comprometido así como las condiciones de admisibilidad y procedencia del traslado indicado, información negada hasta la fecha a la Municipalidad no obstante reiterados pedidos en tal sentido”.

Ni bien se enteró del fallo, Verónica Magario envió un mensaje a la población de su distrito expresando que  “quiero decirles que se ha hecho justicia: están paradas las obras y no se podrá avanzar con ese proyecto que iba a traer deterioro y contaminación a nuestras localidades y por lo cual nunca fuimos consultados nosotros como autoridades ni los vecinos”.

Magario se manifestó feliz por haber logrado el fallo a su favor, cuyo escrito expone con satisfacción.
Magario se manifestó feliz por haber logrado el fallo a su favor, cuyo escrito expuso tras ser notificada.

El Municipio de La Matanza había advertido que el ingreso de más de 1.250.000 animales por año a los barrios del distrito generaría un impacto ambiental insoportable para los vecinos, tanto por el vuelco de líquidos contaminantes que afectarían seriamente suelos y napas, como por la saturación vehicular y el exceso de peso sobre las capas asfálticas. Esas zonas del municipio terminarían con calles destrozadas y con una seria afectación del tendido de redes o caños subterráneos, como los de agua, gas y cloacas, producto de la presencia de más de 115.000 camiones al año. Asimismo, sobrevolaba una fuerte preocupación en relación a la devaluación que recaería necesariamente sobre las viviendas familiares.

La intención de trasladar el Mercado de Hacienda de Liniers a las inmediaciones de las localidades de Aldo Bonzi, Tapiales, Ciudad Evita y Villa Madero, tuvo el impulso de un acta firmada por el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, a instancias de la gobernadora María Eugenia Vidal. En su momento, la intendenta Magario denunció el hecho al señalar que fue “un acta firmada casi en secreto como se manejan las mafias y así tirarnos más de un millón de animales por año en los barrios de La Matanza, para quitarle un problema ambiental a los porteños y garantizarles un gran negociado a los dueños de las vacas”.

Así las cosas, el 24 julio la mandataria municipal entregó cartas al presidente Mauricio Macri, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, solicitando conocer los actos administrativos, planes, planos, estudios ambientales, acuerdos o convenios para el traslado del Mercado de Hacienda a La Matanza.

En aquellas notas Magario advertía a las autoridades sobre el enorme perjuicio que supondría la instalación de ese negocio en el territorio del municipio que gobierna, agregando su presunción de que se estaba pretendiendo eludir el ejercicio del poder policial municipal, que incluye el control sanitario y la facultad de imposición, reconocidas por la Constitución Nacional con base en la autonomía municipal.

“Nunca nos informaron, jamás nos consultaron y ni siquiera respondieron las cartas que les envié”, sostuvo la intendenta. “Tuvimos que llegar a una instancia judicial porque intentan imponer un proyecto por la fuerza, mediante caminos ilegales e inconstitucionales, en contra de los vecinos y de toda la comunidad”, agregó la jefa comunal.

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