Sunday 28 de November, 2021

El pedófilo que tiró una computadora a la pileta para borrar pruebas: detalles exclusivos del mega operativo Luz de Infancia

Hubo procedimientos en Ituzaingó, Morón, San Antonio de Padua y en otros distritos del conurbano bonaerense, además de diez provincias más, incluida la Ciudad Autónoma. Hasta el momento son 31 las personas detenidas y una gran cantidad de imágenes en videos y fotos incautadas.

En la Argentina se verificaron 75 usuarios que compartieron archivos de abuso infantil desde distintos puntos del país

Luego de 71 allanamientos simultáneos en todo el país contra la explotación sexual infantil, las autoridades presentaron los resultados preliminares de la operación Luz de Infancia, cuyo objetivo fue identificar a usuarios que compartieron desde diversos dispositivos tecnológicos imágenes (fotos y videos) de pornografía explícita en la que eran protagonistas menores de edad.

La operación fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, donde se investiga una organización criminal destinada a la distribución de material de abuso sexual infantil por parte de diferentes usuarios de softwares P2P en Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina.

Es una fase más dentro de los operativos realizados desde el año 2017 y en lo que respecta a la Argentina se verificaron 75 usuarios que compartieron archivos de abuso infantil desde distintos puntos del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Salta, Formosa y Neuquén.

Fuentes de la investigación informaron a Primer Plano Online que, en los allanamientos que se realizaron de manera sorpresiva, algunos imputados intentaron borrar evidencia, tal como ocurrió con un sujeto que arrojó un CPU a la pileta en su casa cuando estaba próximo a ser requisada la vivienda. También se encontraron juguetes de niños, mezclados con objetos sexuales y miles de dispositivos de almacenamiento que serán examinados por los investigadores.

LOS PROCEDIMIENTOS EN MORÓN, ITUZAINGÓ Y PADUA

Según logró reconstruir este medio, uno de los sujetos requisados es un trabajador bancario. Funcionarios judiciales de Morón llegaron hasta su domicilio (que no será publicado para no entorpecer la causa), secuestraron elementos tecnológicos y, en base a la evidencia reunida, se definirán las imputaciones en su contra. Es que la búsqueda de la verdad en estos casos es compleja: se puede ubicar el aparato desde el cual se compartieron los archivos, pero salvo una confesión es difícil probar quién fue que lo hizo.

“El origen de estas investigaciones es un software de inteligencia de las agencias de Policía de Brasil y de Estados Unidos, que son las que revisan las redes mediante un ciberpatrullaje que son de punto a punto, como pueden ser las plataformas Emule o Ares. Ahí, quien sube imágenes o videos deja un registro y tiene conocimiento que de inmediato está compartiendo ese material. Pero identifica la IP que sube el material, no a una persona”, describió un investigador abocado a las pesquisas en la región oeste.

Los otros procedimientos fueron en una finca de Morón, desde donde se subieron cerca de 400 imágenes de pedofilia. El dueño de la finca es un técnico de alimentos para mascotas, pero al igual que en el caso de Ituzaingó, todos los equipos disponibles fueron secuestrados a la espera de ser peritados para determinar quién fue.

Por último, los investigadores se llevaron una sorpresa cuando allanaron con orden judicial una vivienda de San Antonio de Padua, en Merlo, donde vive un matrimonio de personas mayores, ambas jubiladas. Se sospecha que puede haber sido un nieto u otro familiar que visita habitualmente la finca, e igual se incautó todo el material. El reporte internacional indicó que había más de 900 archivos que fueron compartidos desde ese domicilio.

En los casos de la región oeste, las investigaciones estuvieron a cargo de la UFI Nº 5 de Morón, bajo la órbita de Marisa Monti y Claudio Oviedo y de la Ayudantía Fiscal a cargo de Mariana Solís Ávalos, mientras que en el resto de los casos participaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense y demás policías provinciales.

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