Wednesday 12 de May, 2021

Pese al decreto antidespidos, echaron a trabajadoras de un call center de Ituzaingó

Las chicas echadas aseguran que las cesantías responden a los reclamos que vienen realizando desde hace tiempo por falta de elementos de higiene y precarización laboral, como la no cobertura de obra social. “Son ilegales y persecutorios”, aseguraron.

En la oficina trabajan alrededor de 50 personas, 25 por turno, para ofrecer servicios de asistencia para el hogar, tales como cerrajería, plomería y demás

Dos trabajadores del call center Praga (conocido también como ATM), ubicado en Ituzaingó, denunciaron que fueron echadas de su lugar de trabajo por haber realizado reclamos salariales y sanitarios, vinculados a la pandemia de Covid-19 y las condiciones en la que debían desarrollar su actividad laboral.

Además, la empresa ejecutó las cesantías en el marco del decreto antidespidos, que continúa vigente. Quienes salieron a denunciar la situación fueron Micaela Olivera y Estefanía Lo Preiato, dado que ambas recibieron el respectivo telegrama y encima con una supuesta causa justa.

“Los despidos no sólo son ilegales sino también persecutorios y antisindicales, ya que fueron posteriores a que realicemos junto a nuestras compañeras y compañeros reclamos a la empresa antes casos positivos de coronavirus, donde no se respetaban protocolos y estábamos obligados a compartir elementos de trabajo de uso común”, precisó Olivera en conversación con Primer Plano.

La oficina en la que trabajaban las chicas despedidas: «la decisión es irreversible», les comunicaron desde la patronal

En la oficina trabajan alrededor de 50 personas, 25 por turno, para ofrecer servicios de asistencia para el hogar, tales como cerrajería, plomería y demás. La empresa no permite la afiliación sindical, no cuentan con delegados y, en medio de la pandemia, empleados y empleadas no cuentan con obra social. A lo largo del año hubo varios contagios de Covid y no se respetó el aislamiento del personal considerado contacto estrecho. Ante los despidos, la única respuesta formal que recibieron de la patronal es que la decisión era «irreversible». 

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), informaron que “la actuación de la empresa es totalmente ilegal en el marco de la cuarentena y la extensión del decreto antidespidos”. A su vez, consideraron que «es clara la intención de la empresa de atacar a dos de las trabajadoras del call center que venían reclamando por cuestiones básicas de prevención de contagios en la oficina laboral y por sus condiciones de trabajo”.

Las despedidas cuentan, a su vez, con el apoyo de la “Red de precarizados, informales y desocupados” y expresaron su rotunda voluntad de luchar por su reincorporación.

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