Monday 10 de August, 2020

Un intendente y una jueza en contra de la salida de presos, mientras el miembro de Casación que firmó las domiciliarias asegura que debe “preservar la vida”

La polémica está instalada y hasta desplaza la preocupación social por la pandemia de coronavirus. ¿Los detenidos por delitos graves saldrán de las cárceles para poner en peligro al resto de la sociedad? Las miserias políticas cruzadas que provocan angustia.

La violenta protesta en el penal de Devoto del viernes pasado, sumada a otras que hubo en cárceles bonaerenses, instalaron la situación de los presos en el debate público

No es tan difícil entrar en un estado de paranoia que nos ubique a todos, sin distinción, en un universo imaginario de encontrarnos rodeados por una horda de delincuentes que salen de la cárcel con sed de venganza. Esa es, palabras más, imágenes menos, el resultado de un debate público que se está librando, con absoluta liviandad y desconocimiento, en relación a la situación carcelaria.

Primer Plano Online viene abordando este tema desde hace tiempo, aún antes de que se instalara en los grandes medios e incluso previo a las revueltas en las cárceles, algo que parece haber precipitado que mucha gente pose su mirada en el fenómeno. Pero las opiniones se suceden y son múltiples los protagonistas que tiene cosas por decir.

Por caso, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, denunció públicamente a través de un hilo de Twitter lo que está ocurriendo en los barrios de su distrito. “Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas… son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel”, posteó.

“Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del Coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, agregó. “Los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz”, remató.

A la opinión del jefe comunal de Juntos por el Cambio se le sumó la jueza de Ejecución Penal de Quilmes, Julia Márquez. En una nota que envió a la Suprema Corte de Justicia provincial, cuestionó con dureza el amparo que permitirá los arrestos domiciliarios de personas privadas de la libertad por haber delinquido.

“Nadie está en la cárcel por ser buenito”, expresó la magistrada durante una entrevista con el canal La Nación +. En el texto que presentó, Márquez observó que “se está violentando el procedimiento penal, porque nosotros los jueces aplicamos la ley, no tenemos atribución para generarla”.

“Celebro al ver una Justicia tan abocada a prevenir, lástima que sea solo para prevenir los “contagios”, y que esa vocación no resulte ser extensiva, ni con idéntico ímpetu, para preservar la integridad de las víctimas ni para evitar la comisión de nuevos delitos”, argumentó la magistrada, la única que se expresó de esta forma y que manifestó públicamente su resistencia, con la que también apuntó al Poder Ejecutivo por no ocuparse de construir cárceles.

DOS JUECES EN LA OTRA PUNTA

Víctor Violini, juez de la Cámara de Casación bonanerense y firmante del fallo que aceptó el hábeas corpus colectivo, se defendió en medio de la polémica por los arrestos domiciliarios. «El habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia», aclaró en su cuenta de Twitter.

También brindó declaraciones en Radio La Red en las que explicó el caso que provocó un escándalo de un abusador sexual fue enviado a una casa en la misma cuadra donde vive la niña a la que violó. “Eso fue antes del hábeas corpus colectivo. La defensa explicó que el detenido no estaba alojado en el Servicio Penitenciario sino en una comisaría de Burzaco bajo condiciones de hacinamiento, sin tratamiento médico, que sufre neumonía, hipertensión y que, además, tiene osteoporosis por lo que está postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo», informó.

«Concedemos el hábeas corpus, pero lo dejamos en manos del juez de Lomas de Zamora solicitando que se resguarde la salud psicofísica de la víctima», describió Violini, quien también explicó que el hombre está con prisión preventiva y no condenado por el hecho. «Si este hombre dice que va a estar en un lugar y está al lado de la víctima, el juez [de Lomas de Zamora] le debe decir que no puede estar en ese lugar», enfatizó el juez.

El otro defensor del procedimiento que se está usando para descomprimir la situación carcelaria es Pedro Rodríguez, juez penal de Morón y secretario de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires. En conversación con Primer Plano Online, consideró que “no hay liberaciones ni tampoco son masivas ni automáticas, porque se está analizando caso por caso con informes médicos, con historias clínicas muchas veces y viendo la gravedad del delito y los antecedentes de la persona y el eventual domicilio”.

“Además, tampoco es cierto que se está liberando: Las prisiones domiciliarias implican una privación de la libertad en una vivienda. Un confinamiento que estadísticamente tiene un muy alto acatamiento, se registran pocas violaciones a esos sistemas”, concluyó.

El juez de Morón Pedro Rodríguez, secretario de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires

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