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jueves, marzo 28, 2024
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Vuelven a llegar órdenes de desalojo a vecinos del Barrio Aeronáutico de El Palomar

“Esto es un desalojo encubierto”. La contundente definición pertenece a un vecino y es representativa de la angustia que vuelven a atravesar las familias que habitan esas viviendas, que sienten latente otra vez el riesgo de quedarse en la calle. Su nombre no será publicado porque bien aclaró no se trata de un tema individual sino colectivo.

A partir de una nueva serie de cartas documento que llegaron a diversas unidades habitacionales, con intimaciones para abandonar cada una de las casas, el barrio encendió las alarmas. Las notas, firmadas por el comodoro mayor Carlos Alejandro Masino, ordena a quienes la reciben a que “en el plazo perentorio de 15 días corridos proceda a la entrega del inmueble bajo apercibimiento de configurarse la falta disciplinaria de desobediencia”.

El jueves, autoridades municipales escucharon el reclamo de las familias. En concreto se reunieron vía Zoom con el jefe de Gabinete municipal, Hernán Sabbatella, y con el secretario de Desarrollo Territorial, Mariano Spina. En el diálogo, vecinas y vecinos plantearon los problemas que atraviesan por estas horas, que no sólo abarca las amenazas de desalojos: la seguridad privada del barrio no permite el ingreso de materiales a las viviendas en donde las personas que habitan requerían realizar algún tipo de arreglo o reparación.

Además, se suceden los cortes de luz (las instalaciones están hechas desde hace años con fusibles), lo que complica la vida de adultos mayores y niños, que están en cuarentena por la pandemia de coronavirus. Ante eso el Municipio intervino de manera inmediata y mejoró la prestación en las últimas semanas. Pero en lo que hace a los posibles desalojos no hay todavía solución de fondo, dado que es un resorte nacional, más concretamente de la Fuerza Aérea.

El conflicto en el barrio Aeronáutico tuvo visibilidad a raíz de la nota de Primer Plano Online en noviembre de 2018, cuando gobernaba el municipio Ramiro Tagliaferro. Fue una promesa de campaña del actual intendente para dar una solución y que el Estado municipal no permanezca neutral en el conflicto. Esto último se cumple: acompañan y escuchan a los vecinos, pero las intimaciones continúan llegando y generando mucha incertidumbre en las familias.

Mientras, las familias siguen abonando las cuotas respectivas mes tras mes para ocupar las viviendas, pero viven en un vacío legal que no saben en qué terminará. Ahora, los amenazados son personal retirado de la fuerza, a quienes les dejan picando la posibilidad de perder los beneficios sociales con los que cuentan luego de tantos años de servicio.

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